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Corte de San José

Ernesto Álvarez: “Hemos obtenido una sentencia propia de un país bananero”

El presidente del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez, dijo que la “casi inexistente” estrategia de defensa del Estado peeruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) motivó que esta instancia internacional emita una resolución “propia de un país bananero” y que “desconoce la jurisdicción nacional”, al exigir que se anule el fallo de la sala del vocal Javier Villa Stein que favoreció al grupo Colina en el caso Barrios Altos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) ordenó al Estado peruano que anule el cuestionado ‘fallo Villa Stein’ que redujo la pena a los miembros del grupo Colina en el caso de la matanza de Barrios Altos y *retiró el concepto de lesa humanidad de los crímenes cometidos por el citado destacamento militar.

Sin duda, el Estado no escatima en esfuerzos ni en costos en el caso Chavín de Huántar, que se tramita tanto en fueros judiciales internos como en la Corte de San José.

El Estado no escatima esfuerzos ni costos en el caso Chavín de Huántar, que se tramita tanto en fueros judiciales internos como en la Corte de San José.

Un nuevo juicio oral se inició ayer en la Base Naval del Callao contra Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermosa Ríos y Julio Salazar, por la presunta violación a los derechos humanos de Santiago Gómez Palomino detenido y asesinado en agosto de 1992 por el grupo Colina.

El agente del Perú para el caso Chavín de Huántar, Pedro Cateriano, presentó ayer el peritaje del forense español Juan Manuel Cartagena con el que trata de invalidar el informe de José Pablo Baraybar. “Tenemos una discordancia con el informe Baraybar. Los antropólogos cometen sus máximos errores cuando se meten en campos forenses”, dijo Cartagena, quien sostiene que el emerretista Eduardo Cruz (a) ‘Tito’ no fue ejecutado.

En medio del juicio oral que se desarrolla por las supuestas ejecuciones extrajudiciales tras el operativo Chavín de Huántar, ayer la Tercera Sala Penal Liquidadora aceptó incluir en el expediente el peritaje del Ministerio de Defensa que intenta traer abajo la hipótesis de los asesinatos.

ANTE EL PODER JUDICIAL

Tras conocerse la notificación de la Corte de San José al Perú sobre el inicio de la demanda supranacional por el caso Chavín de Huántar, el premier Óscar Valdés expresó su respaldo y confianza en la designación del abogado Pedro Cateriano como agente titular para la defensa del país.

Aunque el agente para el caso Chavín de Huántar ante la Corte de San José, Pedro Cateriano, no quiso soltar prenda sobre la estrategia peruana, ayer manifestó que el Estado “defenderá a los comandos que participaron en esta heroica acción de rescate”.

Martha Chávez volvió a atacar a la Comisión de la Verdad al señalar, esta vez, que “fue planeada a la medida de Sendero Luminoso” y que el artífice de todo fue el exministro Diego García Sayán, cuyo objetivo –dijo– era convertirse en juez de la Corte de San José.

El ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, informó que el Estado peruano “tiene aproximadamente 360 peticiones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las cuales han sido admitidas 68”, y que el 50% de las demandas está relacionado con hechos ocurridos durante la violencia de los ’80 y ’90.

El ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, informó que el Estado peruano “tiene aproximadamente 360 peticiones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las cuales han sido admitidas 68”, y que el 50% de las demandas está relacionado con hechos ocurridos durante la violencia de los ’80 y ’90.

La Corte de San José aún no notifica al Estado peruano sobre si admitió o no la demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las presuntas ejecuciones extrajudiciales durante la operación Chavín de Huántar, realizada en abril de 1997, informó el procurador público supranacional, Luis Alberto Salgado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó, ante la Corte de San José, otro caso en contra del Estado peruano por la detención y tortura a Gladys Espinoza Gonzales, acusada y condenada a prisión por pertenecer al MRTA.