Esther Capuñay

Otra renuncia más. La ex parlamentaria Esther Capuñay oficializó su renuncia irrevocable al partido Solidaridad Nacional (SN) que lidera el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.

La última estocada para terminar de liquidar la endeble confianza empresarial, y con ello dañar el ligero crecimiento económico, se la va dar al país el Congreso de la República. Y es que el viernes, al cierre de la tarde, se presentó el proyecto de ley 3793/2014, que declara de necesidad e interés público la creación de la administradora de fondos de pensiones estatal.

Las numerosas denuncias de corrupción contra autoridades ediles han puesto en tela de juicio su legitimidad. En respuesta a ello, la bancada de Solidaridad Nacional ha presentado una iniciativa legislativa que propone restituir la segunda vuelta en las elecciones municipales a efectos de garantizar la gobernabilidad de las comunas.

Los congresistas Modesto Julca, de Perú Posible; Norman Lewis, de Unión Regional; y Esther Capuñay, de Solidaridad Nacional, integran a lista oficialista a la presidencia del Congreso que lidera Ana María Solórzano.

La oposición evitó ayer que se archive la denuncia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra el oficialista Emiliano Apaza, quien tiene una condena judicial consentida de cuatro años.

Los miembros de la Comisión de Ética Parlamentaria Michael Urtecho y Mauricio Mulder solicitaron ayer al presidente del Congreso, Víctor Isla, que revise el caso de los cinco legisladores suspendidos que están cobrando sus remuneraciones y sus bonos de representación en pleno receso parlamentario.

También desconocen las leyes de tránsito. Esta vez, un informe del programa Reporte semanal, del Canal 2, reveló que 14 parlamentarios han incumplido con pagar elevadas multas por papeletas de tránsito. Pero lo más grave es que el vehículo de uno de los congresistas está con orden de captura.

Una vez más los parlamentarios en el ojo de tormenta. Esta vez, un informe revela que cinco congresistas no solo han incumplido con pagar elevadas multas por papeletas de tránsito, sino que el vehículo de una de las parlamentarias tiene orden de captura.

Las caras largas reflejaban el malestar que sentían. El presidente del Congreso, Víctor Isla, y legisladores de diferentes bancadas se presentaron ante la prensa para anunciar la decisión unánime de la Junta de Portavoces de dejar sin efecto el aumento del bono por función de representación que incrementaba los ingresos de los parlamentarios a S/.30 mil mensuales.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que preside Esther Capuñay, declaró improcedentes y envió al archivo tres denuncias constitucionales presentadas contra altos funcionarios del Estado.

La Comisión de Ética del Congreso desestimó ayer, por unanimidad, las denuncias presentadas contra cinco legisladores de diferentes bancadas políticas por considerar que carecen de sustento y no representan violación al código que regula el comportamiento de los parlamentarios.

La Comisión de Ética Parlamentaria, que preside el legislador Humberto Lay, continuará mañana con la evaluación de las denuncias por supuesta falta ética a cinco congresistas de distintas tiendas políticas.

Esther Capuñay,Congresista Autor: Juan Hidalgo. jhidalgom@peru21.com

La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, evitó opinar sobre la denuncia periodística que señala que un grupo de congresistas de Solidaridad Nacional habría presuntamente financiado el proceso de revocatoria en su contra.

Porque en la mayoría de los casos no había indicios suficientes de delito y, en otros, porque el Poder Judicial ya estaría realizando sus propias acciones, la Comisión de Ética desestimó las denuncias que se hicieran a los parlamentarios María Magdalena López Córdova (GPF), Virgilio Acuña Peralta (SN), Carlos Bruce Montes de Oca (GPCP), Josué Manuel Gutiérrez Cóndor (NGP) y Esther Capuñay Quispe (SN).

Un proyecto de ley duramente cuestionado por el sector empresarial y rechazado por el gobierno pasado ha resucitado en el Congreso. Se trata de la iniciativa que busca imponer un tope a la propiedad privada de las tierras agrícolas.

Un proyecto de ley duramente cuestionado por el sector empresarial y rechazado por el gobierno pasado ha resucitado en el Congreso. Se trata de la iniciativa que busca imponer un tope a la propiedad privada de las tierras agrícolas.