IPYS

Luego que se le impusiera una orden de prisión preventiva en su país, el editor del blog Focus Ecuador, Fernando Villavicencio pidió al Gobierno peruano asilo político, solicitud que fue apoyada por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).

El Ministerio Público dispuso abrir una investigación preliminar contra el periodista Jaime Chincha “y a todos los que resulten responsables” por el contenido de una nota periodística difundida, el pasado 10 de enero, en el canal Willax TV en agravio del Estado venezolano. La denuncia fue presentada por la Embajada de Venezuela .

El 24 de enero, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) emitió un comunicado respecto al auspicio de Odebrecht a los Premios Nacionales de Periodismo por el monto de US$220,150 (es decir, casi medio millón de dólares).

El corresponsal de Perú21 en Arequipa, Miguel Ydme, no solo fue testigo de las protestas contra el proyecto minero Tía María durante la mayor parte de los 50 días que lleva el conflicto, sino también ha sido víctima de constantes insultos, agresiones y hasta seguimientos. En la siguiente entrevista, brinda detalles de su experiencia en la zona.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) lanzó una alerta sobre el riesgo que corren los periodistas que cubren las protestas contra el proyecto minero Tía María, en la región Arequipa.

En los últimos cinco años más de 25 medios de comunicación cambiaron de dueño en Venezuela, según un estudio que el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) presentó el jueves pasado en Washington.

- ¿Sabían ustedes que el ministro Figallo y el juez supremo San Martín son ambos de las canteras del Estudio Ugaz? ¿Por eso San Martín salió a defenderle así de fogoso? ¡Jua, jua, jua!

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) rechazó el abuso de los mecanismos de justicia para amedrentar a periodistas y medios de comunicación.

Octavio Salazar,Exministro del Interior Autor: Ricardo Monzón Kcomt. rmonzon@peru21.com

Los constantes operativos policiales y diversas apariciones en distintos medios poco le han servido al ministro del Interior, Daniel Urresti, para acallar las voces que exigen su renuncia tras conocerse el proceso judicial que afronta por ser el presunto autor del asesinato del periodista Hugo Bustíos, en noviembre de 1988.

Ricardo Uceda,Director de IPYS Autor: Ricardo Monzón Kcomt. rmonzon@peru21.com

El presidente Ollanta Humala Tasso insistió ayer en su posición de cuestionar el acuerdo comercial de asociación entre el grupo El Comercio y Epensa y pidió que el Congreso ponga en debate dicho tema.

El presidente Ollanta Humala Tasso insistió ayer en su posición de cuestionar el acuerdo comercial de asociación entre el grupo El Comercio y Epensa y pidió que el Congreso ponga en debate dicho tema.

Peligro inminente. Las declaraciones del presidente Ollanta Humala contra la asociación entre los grupos El Comercio y Epensa despertó el rechazo de los partidos de oposición e, incluso, de los aliados del oficialismo, que advirtieron una amenaza para las libertades de expresión y de prensa.

Peligro inminente. Las declaraciones del presidente Ollanta Humala contra la asociación entre los grupos El Comercio y Epensa despertó el rechazo de los partidos de oposición e, incluso, de los aliados del oficialismo, que advirtieron una amenaza para las libertades de expresión y de prensa.

El premier Juan Jiménez descartó que la Ley de Delitos Informáticos atente contra la libertad de expresión. “Lo que se penaliza es la interceptación, que es una actividad ilegal”, señaló. Pero el IPYS cree que la ley es un grave riesgo para la libertad de información periodística “porque penaliza, de manera indiscriminada, la utilización de datos o bases de datos en plataformas electrónicas”. Lamentó que el Congreso no la haya revisado.

El premier Juan Jiménez descartó que la Ley de Delitos Informáticos atente contra la libertad de expresión. “Lo que se penaliza es la interceptación, que es una actividad ilegal”, señaló. Pero el IPYS cree que la ley es un grave riesgo para la libertad de información periodística “porque penaliza, de manera indiscriminada, la utilización de datos o bases de datos en plataformas electrónicas”. Lamentó que el Congreso no la haya revisado.

Aldo Mariátegui,Ensayos impopulares amariategui@peru21.com

Aldo Mariátegui,Ensayos impopulares amariategui@peru21.com

El Consejo Directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) expresó hoy su apoyo al periodista Aldo Mariátegui y a su abogado, Enrique Ghersi, ante el fallo de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que rechazó un recurso de nulidad de una sentencia por difamación contra el columnista para evitar que se demostrara que el caso había prescrito y pasara al archivo.

Lo blindaron. El Concejo Provincial de Trujillo rechazó la moción para formar una comisión que investigue al alcalde César Acuña por la presunta utilización de recursos públicos para su campaña electoral de 2010.

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) protestó ayer por la actitud del alcalde de Trujillo, César Acuña Peralta, quien el último jueves amenazó al periodista del diario El Comercio, Luis Puell, con influir en los propietarios del medio en que trabaja para que lo despidan.

Amenazas de muerte, censura, limitaciones de acceso a la información pública, detenciones arbitrarias, demandas legales, uso abusivo del poder estatal, acoso e intimidaciones son solo parte de la realidad que diariamente enfrentan cientos de periodistas en Ecuador y en Venezuela.

Amenazas de muerte, censura, limitaciones de acceso a la información pública, detenciones arbitrarias, demandas legales, uso abusivo del poder estatal, intimidaciones y acoso son solo parte de la realidad que diariamente enfrentan cientos de periodistas en Ecuador y Venezuela.

El representante legal del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Roberto Pereyra, señaló que el dictamen que propone incorporar al Código Penal el delito de Negacionismo en temas vinculados al accionar terrorista es innecesario y responde a la majadería de un sector del Ejecutivo por querer mostrar que está haciendo algo en la lucha contra el terrorismo. En Ideeleradio dijo que no hay justificación para aprobar una norma de esa naturaleza.

Primó la transparencia. El polémico artículo 12 del Decreto Legislativo 1129, que clasifica como secreto todos los acuerdos, deliberaciones y la documentación vinculada al ámbito de la Seguridad y Defensa Nacional, y que restringe el acceso a la prensa a este tipo de información, estaría con las horas contadas.

Primó la transparencia. El polémico artículo 12 del Decreto Legislativo 1129, que clasifica como secreto todos los acuerdos, deliberaciones y la documentación vinculada al ámbito de la Seguridad y Defensa Nacional, y que restringe el acceso a la prensa a este tipo de información, estaría con las horas contadas.

En evaluación. Ante las diversas voces que advierten de una velada amenaza al ejercicio libre del periodismo, la Comisión de Constitución del Congreso evaluará los 12 decretos legislativos promulgados por el Poder Ejecutivo referidos a la reforma de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

¿El D.Leg. 1129 colisiona con el trabajo de los periodistas? Por supuesto. El Gobierno ha limitado derechos que son constitucionales. Si un periodista divulga cualquier información de interés público relacionada con la seguridad nacional podría ser denunciado con penas muy altas. Yo confió que lo corrijan.

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) advirtió hoy que el Gobierno publicó un decreto legislativo que regula el Sistema de Defensa Nacional, y que gracias a este, la opinión pública no podrá conocer en adelante ningún tipo de información relacionada con la seguridad y la Defensa Nacional, ya que este tipo de contenido será considerado secreto en todos los casos.

Instituciones que defienden la libertad de prensa cuestionaron la falsa citación policial contra la editora de Economía Gina Sandoval. Perú21 puso al descubierto que ese documento consignaba datos fraudulentos, como el nombre de la persona que supuestamente recibió la notificación, Rosario Sandoval Gonzales (que no existe en el Reniec), y cuyo DNI pertenecía a una persona fallecida (Humberto Juan Zurita Ramos).

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) alertó hoy sobre las maniobras que ha puesto al descubierto Perú21 en el caso de la periodista Gina Sandoval, editora de este diario, cuya orden de captura se sustenta en un documento policial apócrifo.

Las irregularidades cometidas en la resolución firmada por la jueza provisional Delia Flores Gallegos, en la que ordenó de forma arbitraria la detención de la editora de Economía de Perú21, Gina Sandoval, determinó que la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial le iniciara ayer una investigación.

El Instituto Prensa y Sociedad consideró “ilegal y arbitraria” la orden de detención emitida por el Juzgado Penal de Turno, que despacha la jueza Delia Flores, contra Gina Sandoval, editora de la sección Economía del diario Perú21, por presunta complicidad en el delito de difusión de secretos de Estado.

Alberto Beingolea dice que incluir el “interés público” en la ‘ley mordaza’ deja mucho margen a la interpretación… Son opiniones absolutamente erradas. El delito de interceptación telefónica y el delito contra el honor ya están sancionados. El problema es que la ‘ley mordaza’ sanciona en términos absolutos la difusión de audios obtenidos ilícitamente, salvo que revelen contenidos delictivos.

El consultor del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), Roberto Pereyra, aseguró que es un “grave error” la insistencia que aprobó la Comisión de Justicia del Congreso de la denominada ‘ley mordaza’, que sanciona con cárcel la difusión de comunicaciones obtenidas ilícitamente.

A propósito de la visita que realizó ayer a Chiclayo el presidente ecuatoriano Rafael Correa, tres organizaciones peruanas de prensa se manifestaron en contra del “creciente deterioro” de la libertad de expresión en Ecuador.

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) pidió al Congreso que acoja las observaciones del Ejecutivo sobre el proyecto de ley que penaliza la difusión de las interceptaciones telefónicas a fin de garantizar la libertad de expresión y de prensa, que podrían ser vulneradas si se promulgara la denominada ‘ley mordaza’.

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) pidió al Congreso que acoja las observaciones del Ejecutivo sobre el proyecto de ley que penaliza la difusión de las interceptaciones telefónicas a fin de garantizar la libertad de expresión y de prensa, que podrían ser vulneradas si se promulgara la denominada ‘ley mordaza’.

La observación del presidente Ollanta Humala a la llamada ‘ley mordaza’ no es por razones de fondo, de evitar el peligro que representa para la libertad de prensa, sino que se sustenta en argumentos de forma, planteando un texto alternativo que mantiene la esencia del proyecto aprobado por el Congreso y que penaliza la difusión de audios.

El director ejecutivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Ricardo Uceda, consideró “atinada” la decisión del presidente Ollanta Humala de observar la denominada ‘ley mordaza’, norma que planteaba penas de cárcel para los periodistas que difundan comunicaciones obtenidas de forma indebida.

El presidente Ollanta Humala tiene plazo hasta hoy para pronunciarse sobre la ‘ley mordaza’, aprobada en el Parlamento, que penaliza la difusión de comunicaciones privadas interceptadas u obtenidas de manera ilícita o indebida.

La denominada ‘Ley mordaza’ que sanciona hasta con cuatro de cárcel a los periodistas que difundan audios o videos obtenidos ilícitamente, sigue generando polémica y rechazo en diversos sectores.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) emitió hoy un comunicado en el que le pide al presidente Ollanta Humala que observe la llamada ‘Ley mordaza’ que aprobó ayer el Congreso, medida que modifica el artículo 162º del Código Penal, a efectos de sancionar con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años a quienes difundan comunicaciones privadas obtenidas a través de interferencias no autorizadas.