Fernando Cáceres: Hoy sí fío. Mañana no sé

El principal problema que afronta el desarrollo de la minería en el Perú es su legitimidad social. El próximo gobierno lo sabe, y ha planteado abordar ‘conflictos sociales y minería’ desde tres ejes: acompañamiento a la inversión, inteligencia policial frente a la violencia, y adelanto social (AS). La importancia de los dos primeros es evidente, pero tengo dudas del éxito que pueda tener su aplicación.

Primero. La propuesta asume que, tras el AS, la población tendría “menos” que reclamar y aceptaría la inversión. Pero en la práctica los pobladores ven un proyecto minero como una ocasión de mejorar su situación económica individual vía pagos por la tierra, empleo, becas de estudio, y no solo en función del ‘bien común’. Así, incluso si las inversiones públicas son valoradas, no necesariamente conseguirán el apoyo de los líderes locales que participan en las negociaciones.

Segundo. La fase de exploración no necesariamente desemboca en la de explotación. Si el AS se hace sin que se haya confirmado la explotación, y esta finalmente no se da, otras poblaciones reclamarán el que se haya ‘fiado’ con recursos públicos para priorizar esas obras. Y si el adelanto recién se da cuando se confirma la decisión de explotar, habrá transcurrido mucho tiempo de expectativas creadas, y será más difícil que las obras sean percibidas como adelanto.

Tercero. Los detractores de la minería, sin duda, intentarán convencer a la población de que el mecanismo del AS no es más que la satisfacción de derechos básicos que el Estado debe cubrir, y que debe plantearse un pliego reivindicatorio de reclamos.

Finalmente, habría que ver cómo se conjugaría el AS con el mecanismo de la consulta previa, dado que esta tiene sus propios requerimientos, plazos y efectos vinculantes en la relación que se entabla entre la empresa, la población y el Estado.