Juan José Garrido: Inevitable desenlace

Hizo bien el presidente Kuczynski al aceptar la renuncia del ministro (y primer vicepresidente) Martín Vizcarra a la cartera de Transportes y Comunicaciones. De no renunciar, su censura era, además de inminente, necesaria. Y es que la seguidilla de desaciertos no podía culminar en una aparición mediática para, como quien pide un café, sostener: “Hemos decidido dejar sin efecto el contrato y la adenda de Chinchero”. No es así, y no debe ser ni tan fácil ni gratuito. Para empezar, ya la empresa Kuntur Wasi, a los pocos minutos de la decisión, adelantó que evaluará seguirnos (ya que al final el Estado somos nosotros) acciones legales.

Si algo ameritaba una censura, era esto. Ahora bien, ¿cómo llegamos a esta situación? Para empezar, un contrato mal redactado se deja morir y se procesa (administrativa, política y judicialmente) a quienes permitieron dicha barbaridad. Luego el ministro Vizcarra, sin esperar opinión de entidades relevantes como la Contraloría, se tiró a la piscina y firmó una adenda que, aunque reducía el costo total de la obra para los peruanos, fue vista como una ventaja sin contraprestación. La irresponsabilidad de estas ideas y venidas ameritaba, si no la renuncia del ministro, su censura. Cortaron por lo sano, aunque leído el informe de Contraloría, la cosa no queda ahí.

Desde estas líneas hemos defendido –en lo posible– al ministro Vizcarra; creemos, aun después de todo lo visto, que no existen razones subalternas en dicha renegociación. Pero, dicho esto, ¿por qué el gobierno de Pedro P. Kuczynski no hace una auditoría de TODOS los contratos (si desean, con un piso mínimo de monto)? ¿Las tropelías de Odebrecht en Cusco, entre otras regiones, no pasaron por el MEF? ¿Por qué no hay ningún responsable, no hay ni un procesado? ¿Qué cosa le impide a este gobierno aclarar esta situación y los montos de reparaciones que están en juego (hasta donde sabemos, no es solo Chinchero)? ¿Por qué tanta lasitud?