24.ABR Miércoles, 2024
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Opinión

“La sensación de impunidad, ya lo hemos dicho antes, es muy alta y lo peor que podría pasar es que estas declaraciones se mantengan en secreto…”.

Conforme se acerca el 1 de junio, fecha en la que se harían públicas las delaciones premiadas de 77 ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht, se incrementan los chismes, la polarización y los nervios en pasillos públicos y privados. Como sabemos, dichas declaraciones fueron puestas en reserva por la justicia de Brasil por seis meses; vencido el plazo, las mismas se deberían hacer públicas y –en palabras del fiscal brasileño Carlos Fernando dos Santos Lima– generarían un tsunami político.

Hasta la fecha no se sabe, con certeza, cómo se harán públicas; léase, no está definido cuál será el mecanismo, el vehículo y la forma jurídica bajo la cual dichas declaraciones llegarán a los estamentos jurídicos locales y a la ciudadanía vía medios o comunicados. ¿Se requerirá de una orden judicial como auguran algunos? ¿Dichas declaraciones serían válidas en nuestro sistema judicial o requerirían de un mecanismo de validación local?

Dicho esto, ¿cuánto de las movidas políticas vistas estas últimas semanas están ligadas a lo que pueda salir? Sabemos que hay partidos, políticos y empresarios de mucho peso involucrados, razón por la cual es lógico suponer que entre sus maniobras de defensa se encuentren desviar la atención, echar dudas sobre sus enemigos políticos y mediáticos, y así.

Lo curioso es que faltando menos de 10 días este tema pase casi desapercibido. Sabemos que la Fiscalía ha contactado a sus pares brasileños con el fin de coordinar cómo exactamente se procederá a partir de dicha fecha. Sería bueno, por la transparencia que un caso de esta magnitud requiere, que dicha información sea adelantada a los medios y a la población a fin de no incrementar las expectativas que sobre ello exista. La sensación de impunidad, ya lo hemos dicho antes, es muy alta y lo peor que podría pasar es que estas declaraciones se mantengan en secreto pasada la fecha impuesta por el sistema judicial brasileño. Ojalá pues el Ministerio Público confirme el qué, cómo y cuándo.


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