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Opinión

“El aeropuerto de Chinchero era –y es– un problema que este gobierno eligió comprarse gratis, así como eligió asumir el costo político de la decisión de defenderlo inexplicablemente”.

La lista de objetivos estaba definida desde antes de la emergencia. Vizcarra, Basombrío y García. Si tras esto no había mucho alboroto, podían escoger un ministro más y, antes del año, el fujimorismo se habría bajado al menos a cuatro ministros. El costo posible –o probable, ¿qué importa?– era relativamente bajo: faltan cuatro años para las próximas elecciones oficiales y un gobierno que se deja bajar los ministros como calzoncillos sin elástico no tendrá tanto apoyo porque, digámoslo, a nadie le gusta que lo represente un lorna a menos que se ponga a todos al hombro. Y no es el caso.

El aeropuerto de Chinchero era –y es– un problema que este gobierno eligió comprarse gratis, así como eligió asumir el costo político de la decisión de defenderlo inexplicablemente con un capital político más bien exiguo y sin operadores ni experiencia. Pues bien, el costo es la cabeza de Vizcarra: con un informe como el de Contraloría –con 10 funcionarios demandados penalmente–, luego de que Vizcarra dijera que todo estaba en orden y, aunque mal hecho, era transparente, el Congreso estaba obligado a censurarlo. Por supuesto, todo esto estaba preparado. El informe hubiera sido la excusa perfecta.

Ahora es diferente. No se pudieron bajar a Vizcarra ni manchar su investidura como vicepresidente y entonces exigen su renuncia como manotazo de ahogado. Ahora van por Carlos Basombrío y luego por Patricia García. No hay que confundir el legítimo derecho –y deber– que tiene el Congreso de llamar e interpelar ministros, pero todos sabemos que es solo una excusa para seguir debilitando al gobierno. ¿Para qué? Todavía no sabemos. O sabemos, pero hay profecías que no se mencionan, para que no se cumplan.


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