Luis Davelouis: Obras por tierras

En el marco del proceso de reconstrucción tras la emergencia ocasionada por el fenómeno de El Niño costero, el Estado está promoviendo el mecanismo de obras por tierras. La idea es, aparentemente, simple: las tierras que resulten disponibles de encauzar ríos y otras obras se entregarán a quienes hicieron dichos trabajos.

Más allá de que esto pueda ser interpretado como una iniciativa para la privatización de las tierras del Estado a favor de quienes tienen más recursos (que sí, pues el diseño del movimiento de tierras y su realización pueden costar decenas de miles de dólares al día), ¿cómo así el Estado no puede contratar esos servicios para decidir luego qué hacer con esas tierras? ¿No tiene caja?

Pero aquí hablamos de un Estado que está dispuesto –aparentemente– a cambiar ex ante un bien sin valor ni precio de mercado (la tierra disponible por las obras) por algo que sí lo tiene (el servicio). ¿Cómo calcularán el precio de la tierra de modo que a todos nos quede claro que no se están malbaratando tierras con altísimo potencial productivo (miles de años de sedimentos desaprovechados, por ejemplo)? Porque, como señaló María Cecilia Villegas en su columna de ayer, si estas tierras no fueran “suficiente” para pagarles a los privados, el Estado puede disponer de cualquier otro terreno de su propiedad para entregar. De nuevo: ¿desde cuándo volvimos a la necesidad de hacer finanzas públicas con trueque?

La privatización a la mala y la asignación de precios justos son dos problemas. El tercero –y más importante– tiene que ver con la capacidad del Estado de proteger sus intereses de lobbies y conflictos de interés de manera adecuada. Si pudiera, probablemente hubiera estado incluso a favor de la ley pulpín. Pero es claro que no pudo.