María Luisa del Río: Nadie quiere más conflictos

El Perú, país que exporta commodities (materias primas) sin transformarlas en productos de mayor valor por falta de tecnologías modernas y más rentables, tiene un promedio de 200 conflictos sociales por mes. Un 50% de estos suelen ser protestas ambientales. Durante todo el gobierno del presidente Ollanta Humala han muerto 90 personas y 2,367 resultaron heridas. Esto no es extraño si tenemos en cuenta el carácter traidor de la campaña de Humala en el 2011, ofreciendo a las zonas mineras priorizar el agua (agricultura) sobre el oro (minería). Humala supo aprovechar bien una desconfianza y rechazo que vienen desde la época del Virreinato, cuando Toledo obligó a las poblaciones andinas a abandonar la agricultura para esclavizarlas en la extracción de oro y plata, tesoros de los que solo se beneficiaba la corona española. Quinientos años después, la desconfianza es difícil de vencer y las protestas son cada vez más radicales, pues en el fondo no ha cambiado mucho ese sistema de explotación sin mayores beneficios para el dueño de la tierra.

El año 2015, la Defensoría del Pueblo contabilizó en total 258 conflictos, 14 casos menos que en el 2014. Sin embargo, la cifra de muertos aumentó: 19 personas perdieron la vida el año pasado en enfrentamientos, tres más que en 2014. La cifra de heridos se cuadruplicó y pasó de 203 a 872, la mayoría de ellos policías (450). Las regiones del sur y centro continúan encabezando la lista de conflictos socioambientales vinculados a la minería, entre ellas Áncash, Apurímac, Puno, Cusco, Ayacucho y Junín. En estas seis regiones, la votación fue mayoritaria por PPK en segunda vuelta, gracias al endose de Verónika Mendoza. Y he aquí el detalle: la campaña de la candidata de Frente Amplio, en relación a este conflicto entre agricultura y minería, fue más parecida a la de Ollanta Humala hace cinco años, que a la de PPK. De modo que el apoyo a PPK es por endose, gracias al auténtico liderazgo de Mendoza, y obviamente no por simpatizar con el estilo neoliberal y extractivo de la derecha, fielmente representada por Kuczynski.

En los últimos 10 años, han sido transferidos, mediante el canon, S/36,200 millones a las regiones mineras del Perú, equivalente a US$11,104 millones. No es poco, pero si el Estado mantiene su abandono institucional en esas zonas, la corrupción y la desigualdad seguirán siendo las que mandan. El gobierno entrante, por eso, no debería repetir el error del saliente, de dejar a las empresas mineras negociando solas con las comunidades vecinas a sus operaciones, de espaldas a los demás actores. La minería genera dinero, es cierto. Pero la educación, la salud, la gobernabilidad y el diálogo no son un asunto de las empresas mineras, son un asunto del Estado.