El Congreso ha aprobado por amplia mayoría la modificación constitucional que impide la reelección de presidentes regionales y alcaldes. Se requiere una segunda votación el próximo año para que entre en efecto.
El argumento es el de evitar la corrupción que, como sabemos, se ha convertido en un problema cada vez más grave en los gobiernos subnacionales (pero también en el Estado en general).
Me parece una medida ineficaz y contraproducente. Ineficaz porque no hay ninguna garantía de que quien esté por primera vez en la gestión no robe y, más bien, la certeza de que ya no va a ejercer el cargo puede estimularlo a hacerlo más rápido. Contraproducente porque la obligatoriedad de que sean siempre nuevos los que ejerzan la función anuncia problemas más graves de gestión que los que ya hoy tenemos, al impedir la reelección de aquellas autoridades que ya conocen la función y están haciendo un buen trabajo.
Me parece sensato poner límites a la reelección. Dos periodos consecutivos y luego la obligatoriedad de bajar al llano, para volverlo a intentar con las mismas reglas en el subsiguiente, parece una alternativa mucho más razonable.
Además, no veo razón alguna para que los criterios que los congresistas han aplicado para los presidentes regionales y alcaldes no se les apliquen a ellos. Cómo así ellos consideran que son las únicas autoridades elegidas que pueden permanecer indefinidamente en el cargo.
Me parece increíble que habiendo tantos cambios importantes que hacer a la legislación electoral y habiendo proyectos de ley pendientes de discusión por mucho tiempo, este haya sido el único aspecto que ha sido materia de discusión y aprobación.
No hay que ser siempre malpensados, ¿pero no será acaso que los congresistas están viendo una oportunidad para hacerse elegir en sus regiones, sacando de carrera a potenciales rivales?
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