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Opinión

“Los resultados son claros: Temer se ha debilitado, el TSE se ha deslegitimado y la narrativa del PT se ha fortalecido”.

La semana pasada el Tribunal Superior Electoral (Jurado Nacional de Elecciones) juzgó la plancha Dilma-Temer por la acusación de uso de dinero corrupto en las elecciones de 2014 y la declaró no culpable. Para llegar a ese fallo, el TSE descartó las declaraciones del principal financiador de la campaña, Odebrecht, y del asesor en marketing de Dilma, Joao Santana.
Si las elecciones hubieran sido anuladas, Temer estaría fuera del gobierno, Dilma perdería sus derechos políticos y, en un mes, la Cámara de Diputados habría convocado nuevas elecciones.

El argumento para no anular las elecciones no ha sido jurídico, sino político: Brasil está recién saliendo de la crisis económica. Sacar a Temer de la Presidencia y convocar elecciones directas, en medio de una crisis política, aumentaría mucho los niveles de incertidumbre y daría al PT una ventaja extraordinaria. El riesgo de regreso de Lula a la Presidencia se volvía real.

Al legitimar un proceso repleto de actos de corrupción, el TSE se ha descalificado a sí mismo ante la institucionalidad de la República y ante la opinión pública. Este es un riesgo y un costo difícil de estimar.

Aunque Temer no haya sido destituido, su principal fuente de legitimidad (ser elegido en un proceso electoral) ha quedado profundamente herida, y nuevos intentos de destitución ya están en proceso. La caída de Temer y la realización de elecciones indirectas son escenarios muy probables para los próximos meses.

Los resultados son claros: Temer se ha debilitado, el TSE se ha deslegitimado y la narrativa del PT se ha fortalecido. En vez de aprobar un proceso corrupto, hubiera sido menos dañino posponer el juicio.


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