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Opinión

La operación Lava Jato, iniciada el 17 de marzo del 2014, es la operación anticorrupción más grande de la historia de Brasil, y probablemente de América Latina. Creada originalmente para investigar a Petrobras, Lava Jato se ha expandido a distribuidoras, contratistas y consultoras conexas a ella.

Lava Jato ha tenido 31 fases habiendo realizado más de 100 allanamientos, acusado a 212 personas y detenido a 166 de ellas. Entre sus acusados están 12 senadores, 35 diputados y ex diputados federales, y 3 ex gobernadoras de estado. Como resultado de sus acusaciones, ha habido 106 condenas (4 condenas por mes), totalizando 1,149 años de penas de cárcel (un promedio de 11 años por condena).

Lava Jato ha molestado a mucha gente: 3 ex presidentes, 3 tesoreros del PT, muchos gerentes de empresas contratistas, y muy especialmente a los 49 políticos del PT, PMDB y PP, involucrados en sus procesos. Entre ellos está el presidente del Senado, Renan Calheiros.

Como era de esperarse, una reacción contraria a Lava Jato comienza a articularse. La punta de lanza es un proyecto de ley propuesto por el senador Renan Calheiros contra supuestos abusos de autoridad: allanamientos, escuchas telefónicas, prisiones, etc. El mismo senador Calheiros tiene nueve procesos en Lava Jato y sería muy favorecido si su accionar fuera restringido.

La lucha va a ser entre el ala corrupta de la aristocracia política brasileña y las fuerzas que buscan la renovación en la política. La fuente de optimismo es que el 80% de la opinión pública respalda el Lava Jato, y va a ser difícil acallar a los medios y a las redes sociales en medio de los actuales escándalos de corrupción.


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