Los cinco conflictos sociales que mantienen en alerta al país

Desde que en 2014 el Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprobara el segundo estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto Tía María, entre el Ejecutivo, la empresa Southern y los pobladores del valle de Tambo se tejió un largo rosario de inconvenientes.

Con un EIA que caduca en agosto de 2019, el proyecto cuprífero sigue sumergido en la incertidumbre.

El último hito en esta historia fue el pronunciamiento del titular del Minem, Gonzalo Tamayo, quien a inicios de mayo anunció que la estrategia del Ejecutivo es acercar a los pobladores del valle de Tambo –principales opositores a la mina– con Southern.

El primer intento para aplicar esta estrategia fracasó. A inicios de mayo, la minera llevó a la provincia de Islay –zona de influencia del proyecto y donde los pobladores reclaman la construcción de un hospital– a un grupo de 23 médicos.

El objetivo era ofrecer un servicio de salud costeado por Southern. No obstante, esto no fue consultado con las autoridades ni los dirigentes locales, lo cual les generó fastidio. El resultado fue un amago de paro que se apagó con la salida de los médicos.

Para el especialista en conflictos mineros de la PUCP, Luis López Follegatti, un punto que podría desatar el entrampamiento en Tía María sería la construcción de la represa de Paltuture, una obra que tiene por objetivo embalsar agua y destinarla a los agricultores del valle de Tambo.

En diálogo con Perú21, la congresista oficialista por Arequipa, Ana María Choquehuanca, señaló que, desde su punto de vista, el principal escollo de Tía María es la minera.

“Entiendo que el problema tiene un nombre propio y se llama Southern. Las inversiones son buenas, pero se tienen que hacer con responsabilidad”, dijo la congresista, que acompañó en enero al presidente Pedro Pablo Kuczynski en su última visita a Islay.

Aquella oportunidad, para efectos de Tía María, la visita del mandatario no fue del todo alentadora. Lo recibió un grupo de opositores al proyecto al grito de “agro sí, mina no”.

Choquehuanca sostuvo que la empresa debe tomar en cuenta factores como generación de empleo para la zona y el cuidado medioambiental. “A partir de eso, se podría establecer una mesa de diálogo”, dijo.
majes siguas ii

Tía María no es el único tema que preocupa a la región de Arequipa. La segunda etapa del proyecto Majes Siguas –obra que busca trasvasar agua desde la cordillera hacia zonas rurales y urbanas– también está en el limbo.

Aquí el entrampamiento se concentra en la demanda del Frente de Defensa de Caylloma, que exige la revisión del EIA para Majes Siguas II.

Los puntos de controversia en este asunto tienen que ver con la exigencia de los pobladores que piden la construcción de una carretera, un incremento en el canon de las seis empresas mineras que operan en la zona y que también se beneficiarían con el trasvase de agua y la entrega de una mayor porción de hectáreas a irrigar por Majes Siguas II.

“En Caylloma, el tema es ver cómo se beneficiarían los habitantes. Ellos piden el 40% de los terrenos cuando se genere la irrigación. Son como 20 mil hectáreas, que parece una cifra inviable”, explica López Follegatti, quien añade que esto se podría resolver si la mesa de negociación alcanza un acuerdo razonable.

La gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, aseguró a inicios de mayo que el actual EIA de Majes Siguas II se mantiene vigente, pese al compromiso de revisión que hizo público a fines de 2016.

Ante esta situación, el Frente de Defensa de Caylloma optó por ejecutar un paro regional el 8 mayo, el mismo que se extendió por 11 días.

Hasta el momento, su medida de fuerza más enérgica fue el bloqueo de las carreteras que permiten el acceso al valle del Colca, impidiendo el servicio turístico en esta zona.

Las bambas

En materia de conflictos sociales, el gobierno de Kuczynski se estrenó con el enfrentamiento en torno del proyecto minero Las Bambas (Apurímac), que derivó en la muerte de uno de los manifestantes en octubre de 2016.

Desde entonces hasta marzo de 2017, la única vía de acceso a la mina operada por MMG fue bloqueada por las cuatro comunidades campesinas que pertenecen a la provincia de Cotabambas. La demanda era la construcción de un mineroducto, una carretera y el pago por estos terrenos.

Tras un prolongado proceso de diálogo, el ex ministro de Transportes, Martín Vizcarra, alcanzó un acuerdo con las comunidades para pagar S/25 por metro cuadrado y construir únicamente la carretera a través de la cual la minera transportará su producto.

Sin embargo, en las comunidades persiste el fastidio, ya que inicialmente el EIA exigía construir el mineroducto para trasladar los minerales, el mismo que debía costear la empresa y que reduciría los márgenes de contaminación.

“Lo que preocupa es que el Estado pague las indemnizaciones a las comunidades y que corra con el costo de una carretera que será usada en un 95% por la minera”, argumentó el congresista Armando Villanueva, presidente de la Comisión de Energía y Minas.

Para que esto se cumpla, el Pleno del Congreso, en su última sesión, aprobó un proyecto que declara de interés nacional el desarrollo económico y social en la zona de influencia del proyecto Las Bambas.

Lote 192

A inicios de mayo, dos comunidades indígenas del distrito de Andoas (Loreto) tomaron las instalaciones del yacimiento petrolero. Demandaban el pago por el uso de tierras a la empresa Pacific Stratus.

Aunque días más tarde el diálogo se retomaría por intermedio de la Oficina de Gestión Social del Minem, el futuro del Lote 192 sigue sin aclararse.

A las demandas de las comunidades se suma que el contrato con Pacific vence en agosto. La empresa quiere quedarse compartiendo la operación con Petroperú.

No obstante, una ley aprobada por el Congreso en 2015, y promovida por Manuel Dammert, obliga a la petrolera estatal a encargarse del lote tras la salida de Pacific.

“Esto depende de Perúpetro, pero no me queda claro cuál es su interpretación de la ley que obliga al ingreso de Petroperú. He pedido información al respecto”, aclaró Dammert a Perú21. Mientras tanto, la presión de las comunidades continúa sobre el Lote 192.

Tenga en cuenta

• Paro en Cerro Verde. El sindicato de trabajadores del complejo minero Cerro Verde (Arequipa) definirá los días 7 y 8 de junio el paro indefinido en protesta por las suspensiones laborales que aplicó en los últimos meses la minera.

• Disputa fronteriza. La Presidencia del Consejo de Ministros dirimirá, en un plazo aproximado de dos meses, en el conflicto de demarcación territorial entre las regiones de Moquegua y Puno.