El Gobierno promulgó ley de delitos informáticos criticada por expertos

El Gobierno promulgó hoy la ley de delitos informáticos, que sanciona con hasta ocho años de prisión el acoso sexual infantil por Internet, entre otros ilícitos, pero que ha recibido críticas de expertos por los vacíos que pueden afectar la libertad de expresión.

La norma fue aprobada por el Congreso en setiembre pasado y publicada hoy en el diario oficial El Peruano con la firma del presidente Ollanta Humala.

La ley tiene por objeto prevenir y sancionar las conductas ilícitas que afectan los sistemas y datos informáticos, y otros bienes jurídicos de relevancia penal, cometidas con el uso de tecnologías de la información o de la comunicación.

De acuerdo con esta, el que acceda sin autorización a un sistema informático, con vulneración de las medidas de seguridad, recibirá una pena de uno a cuatro años de prisión.

En el caso de interceptación de datos informáticos en transmisiones no públicas, la sanción será no menor de tres ni mayor de seis años.

La pena se incrementa a entre cinco y ocho años de cárcel cuando el delito recaiga en información clasificada como secreta, reservada o confidencial, y se fijó a entre ocho y diez años de prisión cuando comprometa la defensa, seguridad o soberanía nacional.

CRÍTICAS A LA LEY
La directora ejecutiva del Consejo de la Prensa Peruana, Kela León, dijo a El Comercio que la ley no incluye una excepción para la difusión de información, obtenida mediante interceptación electrónica, que sea de interés público.

“Debería decirse que la difusión de esa información está penada a excepción de que sea de interés público. Ese vacío puede dar pie a que se afecte la libertad de prensa”, refirió.

Por su parte, el presidente de la ONG Hiperderecho, Miguel Morachimo, criticó la sanción de tres años de cárcel por el delito de discriminación a través de las tecnologías de la información.

“Ello implica una amenaza a la libertad de expresión en línea, donde cualquier comentario que alguien pueda encontrar discriminatorio puede colocar al autor frente a una investigación penal”, apuntó Morachimo.

En tanto, el abogado Erick Iriarte sostuvo que la mencionada norma tiene muchas ambigüedades en su redacción que la hacen peligrosa.

Puso como ejemplo que se castiga hasta con seis años de prisión a los que borren, deterioren, alteren o supriman datos informáticos que no sean suyos, “pero no realizan ninguna valoración sobre en qué tipo de circunstancia debe aplicarse”.

Según Arturo Goga, “la ley de delitos informáticos no es más que una re-escritura de la Ley Beingolea, la cual ha sido escrita y aprobada con tanto apremio que no solo contiene errores, sino artículos con definiciones tan vagas, que pone en riesgo la libertad de todo ciudadano peruano”.

Asimismo, detalla que, por ejemplo, el artículo 3, mencionado también por Iriarte, no da más detalles sobre la aplicación y pone su interpretación “en manos de cualquiera y poniendo en riesgo la libertad de expresión”.