Piura: Denuncian que Estado pretendería apropiarse de terrenos en Máncora

Un propietario de una vivienda y un terreno en la zona de Las Pocitas, en Máncora, se acercó con títulos de propiedad en mano a Perú21 para denunciar que el Estado, a través de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), pretendería adueñarse de su propiedad.

Más de un centenar de residentes de esta zona (que abarca un área de 120,906.65 metros cuadrados, en el norte del país) atraviesan por esta misma situación. Por motivos de seguridad, el propietario pidió que se mantenga en reserva su identidad. El plazo que se les ha dado para desalojar la zona culmina este viernes.

La historia comienza el 25 de setiembre del año 2014, cuando la SBN envía un oficio a los residentes de esta zona con código 2014/SBN/DGPE-SDS en el que se sostiene que “vienen ocupando un predio ubicado en la zona de playa protegida, de propiedad del Estado inscrito en la partida número N° 11066785 del registro de Predios de Piura”.

Lo extraño para estos propietarios es que el registro que acredita que este terreno sería propiedad del Estado data solo desde mayo del 2014, según la resolución N° 060-2014-SBN-DGPE-SDAPE, cuando los terrenos están registrados como propiedad privada desde el año 1996.

Perú21 tuvo acceso a dos títulos de propiedad de la zona de Las Pocitas que datan de esta fecha. Pese a que esta lugar cuenta con múltiples viviendas, hoteles y negocios, el Estado la ha declarado como “terreno eriazo”, es decir, vacío o deshabitado.

En el oficio del 25 de setiembre que envía la SBN, solicita a los involucrados a remitir un documento legal que “sustente la ocupación del predio estatal antes referido en un plazo de (10) días hábiles”. De no hacerlo, señala el documento, deberán desocupar el predio en el plazo que se señala.

El propietario citado al comienzo de este informe presentó sus títulos de propiedad ante esta entidad, sin embargo, la SBN señaló que las tierras que los afectados señalan como suyas, si bien están registradas, no tienen relación con el área material que ellos reconocen en el proceso.

CUESTIONADOS
La SBN, consultada por Perú21 sobre este caso, sostuvo que esta medida final es producto del “Plan de Protección y cautela de playas” que esta entidad viene trabajando de la mano con la Dicapi en esta zona y que habría determinado que el terreno debe pasar a manos del Estado para su protección.

Fuentes involucradas en el caso señalaron que la Subdirectora de Supervisión de la SBN, María del Pilar Pineda Flores, aseguró a los abogados de los afectados que no se aceptarán las pruebas que están presentando y que habría tomado una postura intransigente respecto al tema. Perú21 pidió comunicarse con Pineda Flores mediante su institución para hablar de este caso, pero se nos indicó que para ello se debía enviar una solicitud a la mesa de partes de la SBN.

Uno de los abogados de los afectados explicó a este diario que la figura legal de este caso es simplemente un desalojo que es “inconstitucional”. Aseguró que ni siquiera se trata de una expropiación, pues no se contempla ninguna compensación monetaria a los residentes que tendrían que abandonar la zona este viernes. Varios de los afectados han presentado una acción de amparo que impida que sean despojados de sus terrenos.