La matanza de Barrios Altos: A 25 años de la masacre perpetrada por el Grupo Colina

Durante la época del terrorismo que afectó a los peruanos desde inicios de la década de 1980, un incidente tiñó de rojo la historia de nuestro país: la matanza de Barrios Altos, que ocurrió el 3 de noviembre de 1991 y que acabó con la vida de 15 personas, entre ellas un niño de 8 años.

Este hecho no debe ser olvidado, no solo porque con él se justificó el accionar de grupos paramilitares como una respuesta necesaria a las actividades terroristas, sino también por la utilización indebida del Estado en encubrir a los responsables de estos delitos.

La matanza del 3 de noviembre

Según detalla el capítulo 2.45 del Tomo VII del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el 3 de noviembre de 1991, durante la celebración de una pollada organizada por Óscar León, a las 10:30 p.m. entre seis y diez miembros del “Destacamento Colina” armados con ametralladoras con silenciadores y con los rostros cubiertos con pasamontañas, ingresaron a la quinta ubicada en el Jr. Huanta N°840, en Barrios Alto. Los “Colinas” asesinaron a 15 personas, entre ellos, Javier Ríos Rojas. Otras 4 personas resultaron gravemente heridas.

El operativo tuvo como objetivo principal aniquilar a quienes estaban en el patio de la quinta. Según el testimonio del sobreviviente Alfonso Rodas Alvitres, los encapuchados ingresaron insultando a los asistentes y los obligaron a todos a tenderse boca abajo y empezaron a disparar ráfagas hacia las cabezas de las víctimas.

Según señala el informe final del la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se confirmó que los autores remataron a los moribundos con un tiro de gracia, lo que corroboró lo dicho por los sobrevivientes y los resultados de las pericias balísticas.

El largo camino a la justicia

Los hechos ocurridos en Barrios Altos no tuvo una investigación debida y se buscó la impunidad de los culpables. Así, desde un inicio, se descartó la participación de miembros de las fuerzas del orden por los ministros de ese entonces Juan Briones Dávila (del Interior) y Victor Malca (Defensa), quienes incluso declararon que los asesinatos pudieron ser realizados por miembros de los grupos terroristas Sendero Luminoso, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) u “organizaciones ajenas a estos grupos”.

Pese a que se conformó una Comisión investigadora sobre la masacre, el autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992 terminó disolviendo el Congreso.

Con el autogolpe, en el que intervino el Ejército, también desaparecieron varios documentos sobre la matanza de Barrios Altos. Una vez reinstaurado el Poder Legislativo, la mayoría en el Congreso —constituido por miembros del partido Cambio 90, cuyo líder era el entonces presidente Alberto Fujimori— decidieron no reanudar las investigaciones de la comisión.

Cabe mencionar que el 14 de junio de 1995, el Congreso aprobó la ley 26,479, la que contó con votos de la mayoría oficialista de Cambio 90. Esta norma otorgaba amnistía amplia y general para los militares y policías implicados en violaciones a los derechos humanos que contravenían pactos internacionales de derechos humanos suscritos por el Perú.

Específicamente, la norma dispuso el archivo de “todos los hechos derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo desde mayo de 1980”. Esto permitió prohibir la investigación de casos, incluyendo el de la matanza de Barrios Altos.

Asimismo, se emitió la ley 26,492, conocida como “la Ley Barrios Altos” con la que se ordenaba que la amnistía general otorgada por la ley 26,479 sea de obligatoria aplicación por el Poder Judicial y que “todos los casos judiciales en trámite o en ejecución (sobre este caso) queden archivados definitivamente”.

La norma no fue debatida en el Congreso y fue promulgada inmediatamente por el ex presidente Fujimori.

La emisión de la ley de amnistía se dio en el periodo en el que se había iniciado un proceso por el caso de la matanza en Barrios Altos, en el Poder Judicial, en donde se denunciaron a varios militares vinculados al caso, entre ellos, Martín Rivas, Mayor EP, y Julio Salazar Monroe, Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional.

Todos los denunciados del proceso, se beneficiaron de la ley y aquellos que se encontraban detenidos, fueron puestos en libertad.

A partir de diversas investigaciones periodísticas que alertaban al país sobre los hechos así como denuncias presentadas por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (conformado por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos), se logró revertir la impunidad establecida por el gobierno.

Así, el 14 de marzo del 2001, la Corte Interamericana señaló que las leyes de amnistía no eran compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos por lo que no tenían efectos jurídicos en el país.

Asimismo, la Corte declaró que el Perú debe investigar los hechos para determinar la responsabilidad de las violaciones de derechos humanos. La sentencia permitió reabrir el proceso de la matanza de Barrios Altos en el Poder Judicial.

En esta nueva etapa del caso y, una vez reabierto el caso de la matanza de Barrios Altos, se denunció a Julio Salazar Monroe, Santiago Martín Rivas, Nelson Carvajal, Juan Sosa, Hugo Coral. Se amplió la denuncia y se incluyó a Vladimiro Montesinos, Nicolás de Bari Hermoza Ríos y a 13 personas más.

Todos ellos fueron encontrados culpables y ahora se encuentran en prisión por su participación en la matanza de Barrios Altos.

E 7 de abril de 2009, el ex presidente Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión al ser hallado culpable de los delitos de homicidio calificado, asesinato, lesiones graves y secuestro por la matanza de Barrios Altos.

Un 3 de noviembre como hoy, debemos recordar estos incidentes porque, como ciudadanos, no podemos aceptar ni permitir el uso de los poderes del Estado para vulnerar los derechos fundamentales. Para nunca olvidar y jamás repetir.