En el mes de agosto tentativa de feminicidio creció más de 100%

La violencia contra la mujer no cesa, más bien crece cada día y se presenta con más agresividad y salvajismo. Al caso de Milagros Rumiche, quien fue desfigurada por su ex pareja en Tumbes, le han seguido otros feminicidios con un grave nivel de ensañamiento, como el de Rosa Álvarez, quien fue quemada con combustible por su pareja; y Jésica Paola García, quien estaba embarazada de cuatro meses y fue asesinada de un tiro en la cabeza.

Wendy Paola Campaña Miranda fue otra víctima. Ella denunció a su pareja por golpearla, pero no recibió protección y este le cortó el rostro con un trozo de vidrio. La lista es larga. No queda ahí. Esta semana, en Cajamarca, María Segunda Cerdán Muñoz también murió con el cráneo destrozado. Su esposo le dio una paliza con un tronco porque no le preparó la comida que le pidió. Y en Arequipa, Elizabeth Espirilla Pumaccari fue asesinada por su esposo de 58 cuchilladas.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha registrado entre enero y agosto de este año 85 feminicidios, 171 tentativas de feminicidio y 44,879 casos de violencia contra la mujer. Lo que llama la atención es que en el mes de agosto hubo un incremento de denuncias de 37% respecto a julio, y en el mismo periodo también aumentaron las tentativas.

Mientras en julio se registraron 17 feminicidios y 16 tentativas, en agosto hubo 14 feminicidios y 36 tentativas, es decir, este último rubro tuvo un incremento de más del 100%. Pero no solo eso, las denuncias de casos de violencia a través de la Línea 100 también aumentaron en 47%.

“En general, el promedio estándar de casos ha aumentado notoriamente en agosto, lo que evidencia que estamos en una situación de violencia muy grave. Sin embargo, las cifras también dan cuenta de que más mujeres se están empoderando, identifican su situación y, por eso, se están animando a denunciar”, aseguró Betty Olano, directora de atención integral frente a la violencia familiar y sexual del Ministerio de la Mujer.

La funcionaria señaló que la movilización tras la marcha Ni Una Menos, sumada a la ampliación del horario de atención, las 24 horas, en cinco Centros de Emergencia Mujer (CEM) que operan en Arequipa, Trujillo, Lima, Villa El Salvador y Callao, están contribuyendo a facilitar la denuncia de los casos de violencia.

FALTA más RAPIDEZ

Sin embargo, Patricia Sarmiento, adjunta para los Derechos de la Mujer, de la Defensoría del Pueblo, advirtió que esta situación es un arma de doble filo, pues mientras empodera a las mujeres, hace que los hombres que no pueden tolerar que su pareja y la sociedad cuestionen su autoridad reaccionen violentamente. “De ahí que su forma de demostrar su poder sea con más ataques, y por eso estamos viendo casos extremos de violencia”, anotó.

Sarmiento consideró que, frente a esta situación, hace falta un sistema de justicia que responda de manera más rápida las denuncias de violencia, de acuerdo con la gravedad de cada caso, pues actualmente las mujeres deben esperar 72 horas antes de recibir medidas de protección y se han dado casos en los que personas que denunciaron y no recibieron atención oportuna fueron golpeadas salvajemente como represalia a la denuncia.

“No podemos seguir con protocolos rígidos que no se adecúan a la realidad. Además de esperar tres días, si una mujer denuncia un hecho de violencia y es sábado y los juzgados no trabajan, nadie la protege. Si eso no se modifica, seguirá existiendo la probabilidad de que la mujer pueda ser violentada”, manifestó.

La comisionada apuntó que otro grave problema en la atención a la violencia es la falta de efectivos policiales para proteger a las víctimas. “Si no hay recursos humanos, cómo hace la Policía para, con 10 oficiales, atender las denuncias por robo o lo que ocurra en el distrito y a la vez dar protección a la mujer”, aseveró.

Además, dijo que otro factor limitante es la falta de presupuesto. “La ley plantea, por ejemplo, que la Policía implemente un sistema georeferencial de localización de las víctimas para darles seguridad, igualmente en Educación tienen el encargo de trabajar en la prevención de la violencia, y Salud debe atender a las víctimas, pero para estos encargos no se da a los ministerios una partida adicional”, cuestionó.

ESFUERZO EN JUZGADOS

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, comentó que su labor también enfrenta retos, pues, tras una evaluación de la situación, se ha encontrado varias debilidades como, por ejemplo, que no hay juzgados suficientes para procesar los casos de violencia ni suficientes abogados de defensa de oficio para las víctimas, lo cual causa que muchas abandonen las denuncias.

Asimismo, se ha detectado que la Policía no está capacitada para llenar la ficha de valoración de riesgo de la víctima y ni siquiera existe un instructivo. “Eso es muy importante porque del resultado de esa ficha dependerá si el juez emite o no medidas de protección para las víctimas”, advirtió.

Barrios señaló que, pese a la mala percepción que se tiene de los jueces por casos aislados de sentencias que han sido cuestionadas, en el último año se dictaron 100 condenas por el delito de feminicidio y se impuso 120 cadenas perpetuas a procesados por el delito de violación sexual, entre otros.

En ese sentido, enfatizó que la Comisión de Justicia de Género está trabajando para capacitar a los jueces y uniformizar los criterios que deben tener en cuenta al valorar los casos de violencia contra la mujer. “Estamos institucionalizando la perspectiva de género en la administración de justicia y creando conciencia de la discriminación que sufre la mujer y cómo esta impide que acceda a la justicia de forma igualitaria con los hombres. El objetivo es disminuir el alto porcentaje (60%) de mujeres que denuncia y luego se retracta del hecho”, anotó.

Empero, dijo que su labor corresponde a la última etapa del proceso, que es sancionar al agresor, y se debe incidir en la prevención, para evitar que la violencia se consume.

MEDIDAS Y RETOS

Precisamente ante esa necesidad, Betty Olano refirió que el Ministerio de la Mujer está trabajando para aumentar a 20 el número de CEM que atiendan las 24 horas del día y, a partir del próximo año, se espera incorporar 50 módulos de atención CEM dentro de las comisarías con las tasas más altas de feminicidios en el país. Asimismo, se implementarán dos casas de acogida en Huancavelica y Carabayllo (Lima). “También estamos elaborando un protocolo de acción conjunta para que todos los sectores trabajen sincronizadamente e interpreten y apliquen la ley de la misma forma para ser más eficientes”, subrayó.

TENGA EN CUENTA

• Toda denuncia es gratuita y puede ser presentada ante la comisaría, que no puede negarse a recibir esta denuncia.
• También se puede denunciar directamente ante un Juzgado de Familia.
• Para denunciar no se necesita contar con un abogado ni tener huellas visibles de la agresión como golpes.
• En caso de flagrancia, la Policía debe detener inmediatamente al agresor.