Oficinas de Odebrecht en Argentina fueron allanadas

La Justicia de Argentina ordenó el allanamiento de la oficina de Odebrecht en el país así como de su socios en la construcción de la planta potabilizadora de agua Paraná de las Palmas. La medida se realiza en medio de las negociaciones por un acuerdo con la constructora para aportar datos sobre los sobornos pagados a funcionarios argentinos para adjudicarse obras.

La decisión fue tomada por el juez federal Sebastián Casanello, que instruye el proceso que investiga supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato por US$2,700 millones provisto por Aysa, la empresa de agua pública. El magistrado también ordenó allanamientos a las sedes de Benito Roggio SA, Supercemento SA y Cartellone Construcciones, informaron fuentes judiciales.

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Los oficiales de la Policía ingresaron a las oficinas de Odebrecht en Buenos Aires durante el inicio de la reunión entre los abogados de la empresa y el ministro de Justicia Germán Garavano para intentar llegar un acuerdo para aportar información sobre los US$35 millones de sobornos pagados en la Argentina.

Minutos después de que comenzó el allanamiento, Odebrecht emitió un comunicado en el que “reafirma su posición en colaborar con la justicia”. “La empresa espera reconquistar la confianza de la sociedad con una actuación empresarial íntegra, ética y transparente”, señalaron los brasileños.

El fiscal Federico Delgado ofreció el martes a Odebrecht que aporte información a la justicia bajo la figura del arrepentido. La propuesta, que tiene una vigencia de cinco días, por ahora no fue ni aceptada ni rechazada por la empresa, aunque desde la compañía pretenden que sus ejecutivos sean eximidos de cualquier proceso penal en el país, situación que no está contemplada por la ley de nuestro país.

El procedimiento se extendió a las sedes de Camargo Correa y Esuco SA, empresas que participaron otra de la licitación para la construcción de una planta potabilizadora de agua en Berazategui, que también investiga la Justicia por presuntas irregularidades en la asignación del contrato.

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— Diario Perú21 (@peru21noticias) May 24, 2017