31.OCT Jueves, 2024
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Suizos aprueban limitar salario excesivo de directivos de empresas

En un referéndum histórico, un 67.9% (más de 1,7 millones de ciudadanos) apoyó esa ley. Gobierno tiene un año para implementar normativa, que busca que los accionistas sean los que decidan cuánto debe ganar un ejecutivo.

Senador Thomas Minder junto a otros que apoyaron iniciativa. (Reuters)
Senador Thomas Minder junto a otros que apoyaron iniciativa. (Reuters)

Los suizos aprobaron hoy por una mayoría aplastante del 67.9% limitar los salarios excesivos y otros ‘paracaídas dorados’ de los directivos de las grandes empresas.

En un referéndum histórico por su contenido, pero también por su forma —los 26 cantones sin excepción han votado a favor—, los helvéticos han decidido que sean los accionistas y no los propios ejecutivos los que decidan sobre sus remuneraciones.

La campaña alarmista de Economiesuisse y de los partidos de derechas de que una vez aprobada la reforma cientos de empresas se marcharían al extranjero y se perderían miles de empleos no ha surtido efecto, y la mayoría votó a favor de la conocida iniciativa Minder —en referencia a Thomas Minder, el senador que la propuso— o “contra los salarios abusivos”.

Solo 762,000 votantes dijeron “no”, mientras que más de 1,7 millones de ciudadanos apoyaron la medida.

En resumen, esta pretende poner límite a los sueldos que cobran los directivos de las grandes compañías a través del control y el aval de los accionistas.

Una vez que entre en vigor —el Gobierno tiene un año para redactar e implementar la nueva normativa— la ley se aplicará a todas las sociedades anónimas helvéticas que coticen en la bolsa suiza o en el extranjero.

Asimismo, la nueva ley prohibirá que los miembros de los órganos directivos reciban una indemnización por su partida, conocidos como los ‘paracaídas dorados’, así como primas por contratación.

Además, cuando los directivos abandonen la empresa no podrán obtener ninguna remuneración anticipada, ni podrán estar vinculados por contrato al consejo o a una sociedad del grupo.

Conscientes del rechazo que la propuesta generaría, los promotores de la medida no olvidaron incluir sanciones en caso de que se violen estas disposiciones: un máximo de tres años de privación de libertad y una multa equivalente a la remuneración de seis años.


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