Economía aplicada

Hace unos días me preguntaron si los peruanos éramos por cultura informales. Tenemos algunas formas de actuar típicas de nuestra nacionalidad, de hecho los peruanos son buenos trabajadores y por lo general son personas ingeniosas para encontrar soluciones. La informalidad no es intrínseca al peruano, es más bien el resultado de una maraña de incentivos perversos que lo alejan de la formalidad. Es más, la informalidad en el Perú tiene muchos matices y la podemos ver en diferente grado en el comportamiento de prácticamente todas las empresas.

Economista

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Perú en los últimos años ha sabido posicionarse en el imaginario del turista internacional y nacional como un lugar exótico y atractivo para visitar. Nuestra iniciativa de una Marca País es reconocida entre las mejores de la región y la labor de Promperú en promoción del turismo es efectiva. Nuestro país tiene múltiples recursos turísticos alternativos al principal, Machu Picchu, pero todavía no podemos considerarlos productos turísticos en plenitud pues no hemos hecho la inversión necesaria para lograrlo.

Me encuentro en Mérida, en el Startup Weekend para mejorar vidas, uno de muchos laboratorios de ideas que están dándose en simultáneo en toda América Latina y el Caribe, apoyados por el BID. El entusiasmo de los jóvenes, la mayor parte entre 20 y 35 años, nos conmueve. No solo porque están ideando proyectos empresariales que eventualmente les podrían ofrecer ganancias y una forma de vida, sino que lo hacen pensando en dar soluciones a problemas concretos de la población, que usualmente esperamos sean dadas por el sector público.

El Acuerdo Transpacífico recientemente firmado luego de largas y arduas negociaciones entre 12 economías muy diversas, incluida la nuestra, inicia una nueva etapa para su aprobación en los congresos respectivos, si así toca, y su puesta en vigencia. Esta historia empieza en la reunión de APEC 2008, en Lima, cuando los ministros de Comercio de los países fundadores (P- 4) invitan a algunos países nuevos de la región Asia-Pacífico, entre ellos el Perú, a formar parte del mismo. Me tocó ser la ministra de Comercio en ese momento y recuerdo claramente las condiciones: ser una economía de mercado, dispuesta a la apertura comercial y a las inversiones, y tener compromiso con un sistema jurídico independiente, además de estar comprometidos a cumplir con los objetivos de este megaacuerdo. Además, varias de estas economías ya tenían algún tipo de acuerdo comercial con Estados Unidos; y con varios de los países del P-4, algún interés por abrir sus mercados de manera recíproca con ellos.

El Perú fue bastante innovador cuando creó el instrumento de Obras por Impuestos, un mecanismo que permite a las empresas el pago adelantado del impuesto a la renta a través de un proceso de asociación con un municipio. El objetivo es la construcción de alguna obra pública prioritaria para la municipalidad y registrada en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), pero que por razones presupuestales no es posible financiar por el propio municipio. Allí entra el aval del gobierno nacional que autoriza y reconoce la obra como pago de impuestos de la empresa. Como resultado de este mecanismo, se han logrado inversiones en todos los departamentos por más de 1,600 millones de nuevos soles desde el 2009 a la fecha.

Tenía 15 años cuando tomaba el microbús que me llevaba a tomar mis clases en la Alianza Francesa de la Av. Garcilaso de la Vega. Muchas veces llegaba más temprano y, para no perder el tiempo, cruzaba la calle al Museo de Arte de Lima (MALI), en ese momento un modesto museo que fue cautivando mi imaginación y mis ganas de conocer más sobre mi país, su historia, su cultura y su gente. Este hábito se fue convirtiendo en un espacio de aprendizaje que llevé en mi corazón por siempre.

La reciente depreciación del Renminbi, moneda oficial de China, no es un reflejo de la disminución de su ritmo de crecimiento económico o de la búsqueda de mayor competitividad para sus exportaciones. Pareciera que la economía asiática no solo quiere tener mayor presencia en los mercados de comercio de bienes o en el flujo de inversiones, sino que su moneda sea usada globalmente como patrón del intercambio y de reserva, como el dólar o el euro.

El Perú no es una isla, se ve afectado por un apagado desenvolvimiento económico internacional, con un ciclo económico a la baja desde el 2008 y que aún no da visos de recuperación. Vemos que los fenómenos económicos como la crisis bursátil de China, la prolongada crisis griega y sus efectos en el resto de Europa, la anunciada alza de la tasa de interés de la Reserva Federal, entre otros, se reflejan en los canales comerciales y de flujos de capitales. El estancamiento de los precios de los commodities y la menor inversión de corto y largo plazo dan como resultado un tipo de cambio en alza. Por otro lado, la ausencia de confianza en el rumbo del país –hasta hace poco la estrella rutilante de América Latina–, la imagen de un deficiente clima de negocios y de un sistema de reglas confiable hacen de este año electoral un año difícil para el Perú.

Esta semana participamos en un foro que organizamos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con la Cámara de Diputados de México y una asociación civil llamada Un Kilo de Ayuda, a propósito del Presupuesto Base Cero.

A veces el populismo nos hace perder perspectiva, y el costo lo va a pagar alguien, tarde o temprano. La medida de exonerar de la contribución a la seguridad social y a las pensiones (públicas o privadas) y la libre disposición de la CTS (que pretendía ser un seguro contra el desempleo que no tenemos) surgieron como una herramienta temporal para dar un impulso a la demanda agregada de corto plazo. “Pero allí está el detalle”, como diría un famoso comediante mexicano, pues todo lo temporal se convierte en permanente por obra y gracia de algunos políticos que, además, no plantean cómo cubrir ese costo.

Despejemos algunos conceptos errados que se divulgan en la prensa desde que Wikileaks filtró un documento en negociación, que, como tal, no es el documento definitivo, y que aún no ha sido oleado ni sacramentado por ninguno de los doce socios del potencial acuerdo. Haremos algo de historia: poco antes de la reunión de APEC del 2008 en Lima, el gobierno de Chile invita a Perú a ser parte del P4, entonces formado por Chile, Brunéi, Singapur y Nueva Zelanda: cada uno de los países invitó a un socio más, incluyendo esta vez a EE.UU., con el que ya habíamos cerrado el acuerdo. En ese momento, las negociaciones de la OMC estaban paralizadas por los temas agrícolas, de servicios, entre otros: en APEC se hablaba de la conformación de un Acuerdo de Libre Comercio del Asia Pacífico, o de capítulos modelo a los cuales podríamos ir adaptándonos. Perú, en ese entonces, bajo el liderazgo del Mincetur, a mi cargo, decidió tener una agresiva agenda comercial, iniciando negociaciones con China, Japón y Corea, y cerrábamos con Singapur. Hoy, como aquel entonces, sigo pensando que participar en un acuerdo de esta naturaleza es de suma importancia para el país, no solo porque hablamos de más del 50% del comercio y del flujo de inversiones mundiales, sino por la homologación de reglas entre los diferentes acuerdos, lo que nos permite estar en las mismas condiciones para entrar en los mercados con bienes, servicios y reglas más allá de las fronteras. Participar de este acuerdo no nos aísla de nuestro segundo socio comercial, China, con el que tenemos una excelente relación y un acuerdo estratégico de mucho valor, al cual se oponían los mismos que hoy se oponen al TPP argumentando que no debemos pelearnos con China. Todo lo contrario: el TPP, aun con sus dificultades, es un espacio que puede ser la simiente de un acuerdo Asia Pacífico, en el cual también tiene interés China. Si no participamos, nuestras ventajas en los acuerdos firmados con los países inmersos serían mermados con la nueva competencia sin las mismas reglas. Es, además, una forma de disminuir los impactos de la desviación comercial que existe al firmar los tratados y, finalmente, nos permite tener reglas homologadas que nos permiten competir de igual a igual con estas naciones y otras que se adhieran. Estoy segura de que los negociadores velan por los intereses nacionales, y por eso aún no se ha cerrado esta larga negociación y se debe tener una política productiva que apoye nuestro acceso a mercados, pero eso no significa que debemos dejar de persistir en el TPP.

Pareciera que los países de América Latina se hubieran infectado de una enfermedad muy contagiosa llamada corrupción y de su hermana impunidad. Todos los días leemos sobre los escándalos que estallan en toda la región, donde están implicados altas autoridades, empresarios, familiares y “amigos” de estos y aquellos. Es cierto que la prensa y las redes sociales han contribuido al destape de estos escándalos, que de repente en otras circunstancias ni hubieran sido detectados, lo que es bueno. También, la sociedad está mostrando su mayor intolerancia frente a esta práctica en los grandes casos, aunque actúa resignada frente a las pequeñas trampas que hacemos al manejar, al saltarnos una cola o al momento de pagar una propina para que nos faciliten un trámite. Recientemente, la politóloga mexicana María Amparo Casar publicó un interesante estudio llamado México: Anatomía de la corrupción (CIDE/IMCO, 2015) con el propósito de llamar la atención a las autoridades mexicanas sobre los costos de este fenómeno en ese país. América Latina pierde varios puntos del PBI (entre el 2% y 9% en México, según la fuente), crea menos empleo, tiende a bajar los niveles de productividad y reduce la inversión en el país de manera significativa por montos cercanos al 5%. Todo esto se traduce en reducción del bienestar de los hogares, por menores ingresos y también porque la corrupción y la impunidad suelen venir acompañadas de la violencia. Por último, la autora señala que otro costo importante está en la crisis de representación y la insatisfacción con la democracia como sistema político, pues, según encuestas como Latinobarómetro, la población desconfía de los partidos políticos, del Poder Legislativo y del sistema judicial.

La Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) ha jugado diferentes roles. Desde los noventa jugó el rol de banca de segundo piso, algo muy útil cuando el sistema financiero peruano no tenía acceso al fondeo internacional; hoy su valor en este sentido es complementario. No pretendo volver al modelo de banca de fomento de los setenta u ochenta, pero sí creo que, dentro de una mirada de política productiva moderna, Cofide estaría llamada a un rol no solo de agente financiero, sino algo similar a lo que hacen otras agencias similares en el resto del mundo: ser un instrumento de política económica para cerrar algunas fallas de mercado donde las haya o para la generación de instrumentos que le den profundidad al mercado de capitales.

Existe un prejuicio ante las industrias extractivas como industrias que no son generadoras de empleo ni de valor agregado. Ese juicio es bastante simple, el empleo directamente generado no es muy alto, debido a que son industrias capital-intensivas en la mayoría de los casos (la agricultura y la pesca no lo son tanto). Sin embargo, este empleo es cada vez más sofisticado y requiere de fuerza laboral con mayores niveles de calificación técnica a nivel del mando gerencial y sobre todo en el nivel operativo. En países como el Reino Unido, Australia y nuestro vecino Chile, en vez de negar sus ventajas competitivas en sectores primarios, los incorporan en su estrategia de competitividad y generación de empleo con políticas que fomentan esos encadenamientos productivos, la generación de empleo calificado y la transferencia tecnológica a Pymes de su cadena de valor.