Muerte civil

La bancada de Fuerza Popular presentó ante el Congreso de la República dos proyectos de ley contra condenados por delitos de terrorismo y apología. El primero busca aplicar la llamada muerte civil o inhabilitación perpetua para ingresar al sector público.

La bancada fujimorista presentó un proyecto de ley que prohíbe el nombramiento o contratación en el Estado, incluso para consultorías, de toda persona que tenga una sentencia consentida por delito de corrupción.

Luego que el Consejo de Ministros, este último miércoles, aprobara vía decreto legislativo la muerte civil, que inhabilita de forma perpetua a los funcionarios públicos condenados por corrupción, este sábado el Ejecutivo promulgó el decreto ley.

El Consejo de Ministros decidió este miércoles aprobar, vía decreto legislativo al amparo de las facultades otorgadas por el Congreso, la muerte civil o inhabilitación perpetua para los funcionarios públicos condenados por corrupción.

El congresista José Urquizo, de Gana Perú, exhortó a sus colegas del Parlamento a aprobar el proyecto de ley que prohíbe a los sentenciados por terrorismo participar como candidatos en los procesos electorales.

El procurador anticorrupción Christian Salas exhortó al Parlamento a retomar el debate del proyecto de ley que inhabilita y declara la muerte civil de las personas condenadas por delitos de corrupción.

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Juan Carlos Eguren (PPC), anunció que el próximo jueves se debatirá en el Pleno del Congreso el dictamen de ley que establece la ‘muerte civil’ para los sentenciados por corrupción y terrorismo que no paguen la reparación civil. La norma crea un registro de deudores por este concepto y limita algunos de sus derechos. No podrán, por ejemplo, trabajar ni contratar con el sector público; tampoco podrán postular a cargos de elección popular y serán reportados a la SBS para que las centrales de riesgos tengan acceso a esa información.

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Juan Carlos Eguren (PPC), anunció que el próximo jueves se debatirá en el Pleno del Congreso el dictamen de ley que establece la ‘muerte civil’ para los sentenciados por corrupción y terrorismo que no paguen la reparación civil.

El proyecto de ley que plantea la ‘muerte civil’ para los condenados por corrupción y terrorismo que deben reparaciones civiles evitará que sentenciados por subversión –entre ellos los del Movadef– se presenten como candidatos en las próximas elecciones, aseguró el procurador antiterrorista, Julio Galindo. La iniciativa ya ha sido aprobada en la Comisión de Justicia del Congreso.

El proyecto de ley que plantea la ‘muerte civil’ para los condenados por corrupción y terrorismo que deben reparaciones civiles al Estado evitará que el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) presente candidatos en las próximas elecciones, sostuvo hoy el procurador antiterrorista, Julio Galindo.

El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, reveló ayer que, de enero a agosto de este año, se ha condenado a 902 personas por corrupción de funcionarios. Las sentencias por el delito de peculado encabezan el ranking con 452 casos. Les siguen las condenas por colusión (142) y cohecho activo (137).

El Frente Amplio de Izquierda presentó un verdadero pliego de reclamos al gobierno que incluye la salida del ministro de Economía, Luis Castilla.

El Frente Amplio de Izquierda (FAI) expresó hoy su respaldo a la lucha contra la corrupción que realiza el Gobierno, y pidió al Congreso que se apruebe la imprescriptibilidad de este delito, incluida la ‘muerte civil’ para los que no paguen la reparación por el daño generado al Estado.

El premier Juan Jiménez invocó hoy al Congreso a aprobar leyes contra la corrupción como la denominada “muerte civil”, que impediría a los condenados por ese delito volver a ocupar cargos públicos durante al menos 30 años.

Pese a que ambas propuestas ya fueron desestimadas por el Pleno del Congreso, la Comisión de Constitución insistirá –en esta nueva legislatura– con las propuestas para eliminar el voto preferencial y establecer la alternancia de género en la formación de las listas de candidatos para las elecciones generales.

El ministro de Justicia, Daniel Figallo, anunció que la procuraduría velará para lograr que el exministro fujimorista César Saucedo pague los S/.14 millones que él le debe al Estado como reparación civil.

El contralor Fuad Khoury planteó elevar las penas contra los “ladrones de saco y corbata”, como parte de un paquete de seis proyectos anticorrupción que presentó ayer al Congreso y que buscan complementar las propuestas de imprescriptibilidad y la muerte civil por esos delitos.

La Procuraduría Anticorrupción solicitó a la Cuarta Sala Penal Liquidadora que el condenado expresidente Alberto Fujimori pague S/.200 millones como reparación civil en el juicio oral que, en breve, se iniciará por el caso de los llamados ‘diarios chicha’.

El premier Juan Jiménez negó que el proyecto de ley para instaurar la ‘muerte civil’ sea un mecanismo de persecución política, y subrayó que su objetivo es que los sentenciados por corrupción paguen la reparación civil al Estado.

La bancada de Gana Perú presentó un proyecto de ley sobre la “muerte civil”, que introduce la inhabilitación perpetua para ejercer cargos en la administración pública de aquellos sentenciados por delitos de corrupción agravada, particularmente la que involucra a altos funcionarios.

La bancada de Gana Perú presentó un proyecto de ley sobre la “muerte civil”, que introduce la inhabilitación perpetua para ejercer cargos en la administración pública de aquellos sentenciados por delitos de corrupción agravada, particularmente la que involucra a altos funcionarios.

Monseñor Luis Bambarén hizo una invocación a la ciudadanía para apoyar en la tarea del Gobierno de desterrar la corrupción del aparato estatal, a propósito de la propuesta presidencial de aplicar “la muerte civil” a los que roben al Estado.

Dejando mal parado al presidente del Congreso, Víctor Isla, quien el viernes avaló que los terroristas ocupen cargos públicos, la ministra de Justicia, Eda Rivas, abogó por la aprobación del proyecto de ley que impide que los docentes sentenciados por subversión trabajen para el Estado.

Monseñor Luis Bambarén hizo una invocación a la ciudadanía para apoyar en la tarea del gobierno de desterrar la corrupción del aparato estatal, a propósito de la propuesta presidencial de aplicar “la muerte civil” a los que roben al Estado. “Somos un solo país, somos una comunidad humana y somos hermanos, debemos combatir todos la corrupción y, por supuesto, buscar la mejora de la calidad de vida de nuestros hermanos marginados”, dijo a la agencia Andina.

Dejando mal parado al presidente del Congreso, Víctor Isla, quien el viernes avaló que los terroristas ocupen cargos públicos, la ministra de Justicia, Eda Rivas, abogó ayer por la aprobación del proyecto de ley que impide que los docentes sentenciados por subversión trabajen para el Estado.

El presidente Ollanta Humala anunció que su gobierno presentará un proyecto de ley para prohibir que funcionarios condenados por corrupción pueda reintegrarse en la administración pública.

El ministro de Justicia, Juan Jiménez, dijo hoy que se aplicará el embargo y la muerte civil a los terroristas que en los próximos meses salgan en libertad luego de cumplir sus condenas, si no han pagado la reparación civil impuesta por el daño causado a la sociedad.

El ministro de Justicia, Juan Jiménez, informó que el Ejecutivo aprobó un proyecto de ley que les impide a los sentenciados que no han cumplido con pagar la reparación civil a favor del Estado acceder a un crédito bancario e, incluso, retornar como funcionarios del sector público.

El ministro de Justicia, Juan Jiménez, informó que el Ejecutivo aprobó un proyecto de ley que les impide a los sentenciados que no han cumplido con pagar la reparación civil a favor del Estado acceder a un crédito bancario e, incluso, retornar como funcionarios del sector público.

El Consejo de Ministros aprobó hoy un proyecto de ley que crea un registro de deudores de reparaciones civiles por delitos en agravio del Estado, anunció hoy el titular de Justicia, Juan Jiménez.

El contralor Fuad Khoury respaldó ayer la propuesta del Ministerio de Justicia para aplicar la “muerte civil” a aquellos sentenciados por corrupción que no pagan o se niegan a cumplir con la reparación civil que deben al Estado.

El titular de la Contraloría General, Fuad Khoury, expresó su respaldo a la medida de aplicar la “muerte civil” a aquellas personas sentenciadas por corrupción que no pagan, o se niegan a pagar, la reparación civil que deben al Estado.

El ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, aseguró ayer que el Estado buscará cobrar los más de mil millones de soles que los condenados por corrupción adeudan por concepto de reparación civil e informó que su despacho ya ha dado instrucciones a los procuradores para que se declare la muerte civil de estas personas.

El ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, afirmó hoy que se aplicarán diversas medidas, como embargos o declaratoria de insolvencias, para cobrar los más de S/.1,000 millones que los sentenciados por corrupción deben al Estado por reparaciones civiles impagas.