El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Juan Carlos Eguren (PPC), anunció que el próximo jueves se debatirá en el Pleno del Congreso el dictamen de ley que establece la ‘muerte civil’ para los sentenciados por corrupción y terrorismo que no paguen la reparación civil.
La norma crea un registro de deudores por este concepto y limita algunos de sus derechos. No podrán, por ejemplo, trabajar ni contratar con el sector público, tampoco podrán postular a cargos de elección popular y serán reportados a la SBS para que las centrales de riesgos tengan acceso a esa información.
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