Amnistía Internacional: ¿Cuál es la situación de las mujeres en el Perú?

Pese a los avances alcanzados en igualdad de género desde la firma —hace 20 años—, del acuerdo mundial alcanzado en Beijing, actualmente se ha producido un severo retroceso que amenaza con privar de sus derechos sexuales y reproductivos a miles de mujeres y niñas en todo el mundo, informó Amnistía Internacional.

Nuestro país no es la excepción y según informa esta organización, es preocupante el “panorama incierto” que se vive en nuestro país respecto a los derechos sexuales y reproductivos.

En el caso del aborto terapéutico, pese a que el Perú aprobó su guía técnica en 2014, esta “aún no se implementa de forma eficiente”, resalta Amnistía Internacional.

Recordaron también que el aborto en casos de violación continúa penalizado y que sigue prohibida la distribución gratuita de anticonceptivos de emergencia por parte de las instituciones de salud pública.

“Asimismo, está pendiente de debate en el Congreso una propuesta de ley, respaldada por 60,000 firmas ciudadanas, que busca despenalizar el aborto para las mujeres víctimas de violación sexual”, recordaron.

“Amnistía Internacional ve en la despenalización del aborto un imperativo de igualdad. Las mujeres y niñas más marginalizadas, como las mujeres indígenas, afrodescendientes, y las que viven en la pobreza, están desproporcionadamente representadas entre las que mueren o quedan severamente afectadas a raíz de abortos ilegales e inseguros”, indicaron.

NO HAY REGISTRO DE VÍCTIMAS
En cuanto a la violencia sexual, la lucha contra esta realidad que afecta a miles de peruanas se ve afectadas porque —según indican—, no existe un Registro Único de Víctimas con información desagregada por sexo, género, edad, entre otros que puedan dar una base de la magnitud del problema.

Según cifras del Ministerio Público, 25 menores de edad, en su mayoría niñas y adolescentes mujeres son víctimas de violencia sexual en el Perú.

Aministía Internacional también se refirió a la denuncia de la esterilizaciones forzadas durante la década de los 90, caso que consideró como una “deuda pendiente” con las mujeres del país.

“En enero del 2014 se archivó el caso luego de diez años de investigación. Hasta la fecha no se ha presentado cargos contra ninguna de las autoridades responsables de poner en marcha el programa de planificación familiar que dio lugar a estas esterilizaciones”.