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Asi es cómo el Estado evitará que empresas corruptas transfieran sus fondos fuera del país

El presidente Kuczynski informó sobre esta medida y ahora tenemos más detalles través de un Decreto de Urgencia publicado este lunes.

Decreto de urgencia es para asegurar la continuidad de los proyectos de inversión
Decreto de urgencia es para asegurar la continuidad de los proyectos de inversión

Ayer, el presidente Pedro Pablo Kuczynski anunció que las empresas corruptas que hayan aceptado culpabilidad o hayan sido sentenciadas, no podrán transferir recursos fuera del Perú sin antes cumplir con el pago de todas sus obligaciones —lo que comprende a trabajadores, proveedores y la reparación al Estado peruano— y deberán pedir autorización al Estado para vender sus activos.

Hoy, mediante un Decreto de Urgencia publicado en El Peruano se dio a conocer más detalles al respecto.

La publicación indica que el objeto de la norma es evitar la paralización de las obras públicas o asociaciones público privadas, pues esto pondría en grave riesgo el desempeño económico del país, y tendrá como duración 1 año.

Los capitales no saldrán


El decreto indica que se suspende el derecho de las personas, representantes jurídocs y/o empresas —que hayan aceptado culpabilidad o hayan sido sentenciadas por corrupción— transferir, total o parcialmente, al
exterior:

  • Sus capitales de las inversiones en el país, incluyendo la venta de activos, acciones, participaciones o liquidación de las empresas.
  • Las utilidades de sus inversiones, así como las contraprestaciones por el uso o disfrute de bienes ubicados físicamente en el país y el uso y transferencia de tecnología.

Este bloqueo durará hasta que la empresa efectúe el pago total de la reparación civil a favor del Estado.

En caso las empresas sentenciadas tengan que realizar transferencias para pagar una deuda en el exterior, esto deberá ser previamente aprobadas por el Ministerio de Justicia.

Se evaluará a compradores


Como se sabe, empresas como Odebrecht han optado por vender sus participaciones, acciones o titularidad de los proyectos y/o concesiones que tiene en el país.

En algunos casos ha podido hacerlo, pero en otros no, por lo que ha tenido que devolver la concesión al Estado.

Así, el decreto establece que las empresas o personas interesadas en comprar de forma total o parcial los activos o acciones de las empresas sentenciadas o vinculadas a la corrupción deberán presentar al Ministerio de Justicia una solicitud escrita manifestando su interés.

Dicha cartera podrá requerir información adicional si lo considera necesario.

Asimismo, los interesados de comprar los acciones o bienes deberán depositar el monto de la reparación civil como condición para adquirir las obras y/o concesiones, si es que no realizan ese procedimiento serán responsables solidarios con las empresas y/o personas corruptas.

Se retendrá pagos*


En casos donde el Estado tenga que cumplir con las obligaciones económicas ya establecidas con las empresas sentenciadas por corrupción, podrán retener ese pago, abonar el pago a los concesionarios o contratistas para que se destinen exclusivamente a garantizar la continuidad de las obras y servicios o abonar el pago a una entidad pública como fideicomiso.

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