#NiUnaMenos: “Todos los jueces que intervienen en procesos de violencia están sensibilizados para proteger a las víctimas”

La Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial se institucionalizó el año pasado, en el mes de julio. Tras la marcha Ni Una Menos y los cuestionamientos de la sociedad a algunos fallos contra los derechos de las mujeres, su misión era transversalizar el enfoque de género en la planificación institucional y en los procesos de violencia familiar. Perú21 conversó con la doctora Elvia Barrios, jueza suprema titular y presidenta del referido grupo de trabajo sobre lo avanzado en el primer año de trabajo.

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¿A un año de la marcha Ni Una Menos y la creación de la Comisión de Justicia de Género cómo va el trabajo de integrar el enfoque de género en las decisiones del Poder Judicial?

-Aunque nosotros ya veníamos trabajando en el tema desde mucho antes, la marcha Ni Una Menos marcó un antes y un después. Este año se han potenciado todos los esfuerzos para mejorar el sistema de justicia y cumplir el objetivo estratégico de transversalizar el enfoque de género. En ese marco, hemos impulsado la aprobación de normas internas y hemos implementado políticas institucionales que promueven la igualdad de mujeres y hombres, garantizando el derecho a la justicia en condiciones igualitarias. Partimos por reconocer que esta es una sociedad culturalmente machista y patriarcal donde históricamente la mujer ha sido relegada, y sabemos que este es un tema cultural; por eso nuestro trabajo está orientado a cambiar esos patrones. Pero hemos avanzado bastante, sobre todo en la visibilización del problema social y creo que los jueces hoy tienen una mayor apertura a estos casos y se están deconstruyendo los estereotipos que puedan afectar a las mujeres.

¿Cómo se hace con los jueces que aún tienen un modelo de comportamiento machista que puede influir en sus decisiones judiciales?

-Los sensibilizamos, visibilizamos las barreras que existen para que las mujeres tengan un acceso igualitario al sistema de justicia, ponemos de relieve los estereotipos que se han internalizado y que han generado condiciones de desigualdad, perjudicando fundamentalmente a las mujeres y a la población vulnerable. Para ello, partimos de ejercicios prácticos y también de un programa que ha implementado Naciones Unidas, que se ha trabajado con la Corte Suprema de Argentina. Este programa, a través de casos reales y de visibilizar cómo el lenguaje poco inclusivo relega a la mujer, advierte cómo la internalización de ciertos estereotipos y patrones culturales hacen que a la hora de tomar una decisión judicial se perjudique a las mujeres.

Esa es una tarea que no se hace de la noche a la mañana, ¿cuánto se ha avanzado?

-Es cierto. No es una tarea fácil, es más bien una tarea compleja porque no solo es mejorar el expertiz de los jueces para resolver conflictos vinculados a violencia familiar, feminicidio, trata de personas o violencia sexual, es también sensibilizar al juez o a la jueza para que esté en condiciones de recibir esa carga de sensibilización. Por eso, hacemos trabajos grupales y se exponen casos reales, se analizan resoluciones judiciales y se ve cómo a veces algunas exigencias en ciertas decisiones judiciales pueden afectar el derecho igualitario. A través de ello, lo que hacemos es deconstruir los estereotipos de los jueces y potenciar sus capacidades.

¿En este proceso hay un mea culpa de parte de los jueces?

-Sí, muchos parten por reconocer que evidentemente son machistas y consideran que la mujer debe estar en casa, cuidando a los hijos, o puede trabajar, pero su obligación natural es estar dentro del hogar. En algunas y escasas oportunidades anteriormente se ha advertido también que cuando se da un caso de violencia sexual a una mujer de 20 o 25 años, algunos dicen y ¿por qué no pidió auxilio, por qué no se defendió? Sin embargo, esas exigencias no son en estricto exigencias normativas, porque en la violencia sexual no importa que la mujer tenga que pedir auxilio o se defienda, eso no es así, basta que se haya contrariado la voluntad de la misma.

¿Qué hacen cuando se encuentran con casos de jueces que se resisten a incorporar este nuevo enfoque?

-Al contrario de lo que se piensa, los jueces hoy tienen mucha apertura, el hecho de visibilizar que estamos en una sociedad violenta desde todo punto de vista y advertir cómo la violencia afecta a las mujeres y tiene consecuencias negativas en niños, que luego se convierten en agresores y sujetos pasibles de cometer un acto delictivo, ayuda a que los jueces visibilicen que tiene que cambiar y vayan deconstruyendo todo lo negativo, todo aquello que va en desmedro de la mujer y de los menores.

En el Perú hay una suerte de desconfianza en la justicia. ¿Cree que esa situación ha mejorado?

-En el Poder Judicial, en el marco de la Ley 30364, tenemos el mandato de dar medidas de protección a la mujer y a los integrantes del grupo familiar. Por ello, este año se ha establecido en Villa El Salvador, a manera de piloto, el Módulo Judicial Integrado en Violencia Familiar, en el que se da asistencia integral a la víctima. En este lugar, las mujeres, o en general las personas víctimas de maltrato, presentan su denuncia y son atendidas de manera integral e inmediata por personal especializado. En este módulo se ha logrado dictar un promedio de 388 medidas de protección mensuales contra mujeres víctimas de violencia. Además, las denuncias se incrementaron en 48% respecto a lo que se recibía antes, y eso es porque las personas tienen una mayor confianza en el sistema de justicia, porque encuentran respuesta inmediata, justicia pronta y cumplida.

¿Este piloto se replicará en otras partes del país?

-Sí, estamos extendiendo el piloto a otras cortes del país y para ello estamos pidiendo un presupuesto adicional de 20 millones de soles para implementar seis módulos en provincias. Esperamos que esto sea posible, pues la experiencia de Villa El Salvador ha sido positiva. Los módulos son integrales y ahí las personas tienen en un mismo lugar a jueces, médicos, un defensor de oficio para llevar las causas de la persona y que lo proteja y asesore legamente. También hay asistentas sociales, psicólogos, y se cuenta con una cámara Gesell, para que en caso de que una víctima de violencia sexual tenga que dar su declaración lo haga en condiciones adecuadas. El módulo también tiene una sala de reposo para las víctimas y una ludoteca para los casos de madres que van a presentar la denuncia con sus hijos. Es un modelo que responde a las necesidades de las víctimas de violencia.

¿Qué otros avances se han logrado en este año de trabajo?

-Hemos aprobado, y esta semana debe publicarse, un acuerdo plenario, que es un precedente obligatorio, para que los jueces orienten las decisiones judiciales usando un mismo criterio en los casos de feminicidio. Este plenario genera predictibilidad y seguridad jurídica y se ha dado porque hemos tenido a menudo algunas interpretaciones que no se condicen con la línea única que debe tener la jurisprudencia. También estamos trabajando en otro plenario de lesiones y faltas por daño psíquico y afectación psicológica. Se trata de un avance significativo, pues es una línea que a partir de ahora deben tener los jueces al momento de tomar decisiones con relación a este tipo de delitos. Además, demuestra el compromiso del Poder Judicial en el tema de la sensibilización para tocar estos temas de género y transmitirlo a los operadores judiciales.

Orientados para proteger a la mujer

¿Y en lo que se refiere a medidas de protección a las víctimas?

-En este tema tengo que ser radical y señalar que todos los jueces que intervienen en procesos de violencia familiar están debidamente capacitados y sensibilizados para dictar medidas de protección a las víctimas. La práctica judicial y las evaluaciones que hacemos, cualquiera sea la intensidad de la lesión, está orientada a proteger a la mujer o al integrante del grupo familiar afectado. El juez, de acuerdo al caso, evalúa si otorga o no una medida de protección en cualquier tipo de violencia.

¿Se está dando medidas de protección en caso de violencia psicológica?

-Se puede dar pero es más difícil porque los expertos señalan que la afectación psicológica de la víctima pasible de daño se advierte recién a los seis meses de producida la afectación y eso resulta complejo. Precisamente por eso es que estamos trabajando en los criterios interpretativos, para que el juez valore ello al momento de examinar un caso.

¿Qué dificultades tienen actualmente para realizar su trabajo?

-Nuestro problema es la sobrecarga procesal. Después de Ni Una Menos y los programas de sensibilización del Poder Judicial, las víctimas de violencia ya no callan, denuncian más. El número de denuncias se ha incrementado en aproximadamente 30%. El tema es que, por la gran cantidad de denuncias de violencia, no se pueden señalar audiencias de manera inmediata. La carga procesal que tenemos es elevada, es terrible, necesitamos implementar más juzgados. Por eso, a través de la Comisión de Justicia de Género, tenemos 30 personas que están levantando información en todo Lima para ver dónde se dan esos nudos y cuellos de botella y qué personal debemos enviar para destrabar los procesos. Queremos acelerar la solución a estos temas que sobrecargan el sistema de justicia.

¿Cuál es la tarea pendiente?

-Seguir fortaleciendo estos módulos integrados en violencia familiar, seguir deconstruyendo la cultura machista, sensibilizar a los operadores judiciales en temas de violencia y seguir mejorando el expertiz de los jueces en delitos de feminicidio y trata de personas.

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Investigan a coronel por presunto delito de violencia familiar https://t.co/uLPMglpB6m pic.twitter.com/u8nBTX2ykM

— Diario Perú21 (@peru21noticias) 12 de agosto de 2017