Por María Sosa
“Le han asesinado, le han botado a un barranco para que se lo coman los perros. Le han comido, yo le he reconocido sus ropas, su pelo. Todo eso lo he recogido yo sola. Y yo he ido para denunciar. Cuando yo le he encontrado yo he ido pero, como yo lo he encontrado así, los fiscales ya no lo querían recoger, ya no querían. ‘Si sería cuerpo entero podríamos recoger porque eso ya no es nada. Eso más bien ya quémalo o bótalo al río’, me decían. ‘Entonces yo misma lo voy a traer’ les decía. Entonces yo misma lo he traído, recogiendo cargado y he subido. Lo he llevado a la Fiscalía, a su mesa he puesto. ‘Acá está. Ese es mi esposo’ diciendo”. De esta manera, Lidia Flores recuerda lo que fue el inicio de una pesadilla que décadas más tarde no termina.
El maltrato que sufrió la mujer —ya anciana— por parte de la autoridad no se resume en el menosprecio de los fiscales. Los asesinos de su querido Felipe Huamán Palomino, de 32 años, fueron nada menos que los militares que llegaron a su pueblo con la promesa de acabar con el terrorismo de Sendero Luminoso que en esa época no los dejaba en paz.
Si bien el tiempo no perdona, los sentimientos son otra historia, pues quedan fijos, incluso se acrecientan. Ella se deshace en lágrimas y se toma su tiempo para contar. El infierno empezó en 1983.
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Sería mezquino decir que Lidia tuvo suerte, pero de cierta forma la tuvo. Su tragedia no es la única, hay muchas. Desde la instalación del cuartel militar Domingo Ayarza, más conocido como Los Cabitos, en la provincia ayacuchana de Huamanga, se cometieron tantas violaciones a los derechos humanos que el caso se constituyó como emblemático para comprender la complejidad del terrorismo en los ochenta.
En su pueblo, varias personas perdieron a sus familiares también. Sin embargo, nunca los encontraron. Son ellos los que sostienen que la señora Flores tuvo suerte, tiene la certidumbre de saber lo que le pasó.
“Yo tenía cinco hijos, trabajando los mantenía, pero de allí ya no podía. Para que trabaje también me he hecho préstamos y eso no me ha dejado tranquilidad. Me faltaba plata y no podía hacer nada. No tenía ni mi casa, yo vivía en casa de mis padres nomás. De esa forma yo he sufrido tanto con mis hijos para educar, ahorita no son profesionales. Dos nomás han salido pero ahorita no tienen trabajo, otros nomás trabajan en cositas cuando se puede. No he podido ni educar, ni tener casa, ni pagar la deuda para sus alimentos. Así era, señorita, mi vida totalmente… todo mi proyecto ha fracasado totalmente. Cuando vivíamos con mi esposo ahí estábamos juntando para tener nuestra casa para ya estar tranquilo y no vivir en casa de tu padre y eso totalmente he perdido. He fracasado, mis hijos han quedado”. Vaya suerte.
Y es que perder a un ser querido, además del duro golpe emocional, supone aún más dificultades. Perder a un padre —teniendo en cuenta el contexto; la pobreza, las tradiciones— es perder el sustento de la familia.
En los ochenta las autoridades estatales tomaron —por fin— consciencia de la situación del Perú profundo; el grupo subversivo Sendero Luminoso reclamaba el poder mediante una guerra sucia. Una de las zonas donde el terrorismo golpeó más fuerte fue Ayacucho. Ante ello, el 29 de diciembre de 1982, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry decidió declarar a tres de sus provincias —Huanta, La Mar y Víctor Fajardo— en estado de emergencia. Con dicha medida, las fuerzas armadas pasaron a tener el control político militar de la zona.
La paz y el orden se encontraban cada vez más lejos. A partir de la fecha se cometieron el mayor número de violaciones a los derechos humanos del conflicto interno. El cuartel militar Domingo Ayarza fue un infierno en la tierra.
Felimón Salvatierra Garamendi, huérfano por este caso y actual integrante de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecido del Perú (Anfasep) es citado en la publicación ‘Hasta cuando tu silencio’, que recopila los testimonios de las víctimas miembros de la asociación: “Yo veía a otras personas felices con sus padres, bien alimentados, felices y estudiando en los mejores colegios. En cambio, las personas que hemos perdido a nuestros seres queridos, como nuestro padre, madre, por la violación de los derechos humanos, simplemente teníamos que resignarnos y trabajar, salir adelante auto educándonos. Desde los once años, yo veía de qué manera ayudar a mi madre para comer, porque la plata no alcanzaba para alimentarnos”.
Felimón perdió a su padre cuando tenía cuatro años. Los militares se lo llevaron en una madrugada de febrero de 1985. Aseguraron que volvería a casa el día siguiente, pero nunca más lo volvió a ver.
“A partir de ahí tengo presente todo, nunca lo he dejado de lado. Nunca he dejado de añorar sus restos para hacerle cristiana sepultura. Mantengo esa esperanza de encontrarlo porque perder a un padre en estas circunstancias te marca la vida, te marca el destino” comenta.
Filemón ha tenido tiempo para ver el conflicto desde diferentes formas. Entiende a su tragedia como una consecuencia de varios factores más allá de la lucha antisubversiva. A las víctimas las caracteriza su lugar de origen, su pobreza, su invisibilidad.
Filemón y Lidia han sabido encauzar sus rabias y resentimientos en acciones de cambio para la sociedad. Dedican sus días a Anfasep. No desean que otros sufran lo que sufrieron: “Nadie se lo merece”. dicen los dos, cada uno por separado. Es la única resolución de aquello.
JUSTICIA
Los Cabitos es un caso muy particular. No existen inculpados como autores materiales ya que actuaban anónimamente y tapando sus rostros. Los procesados son cinco militares del Ejército Peruano, de donde provinieron todas las órdenes: el oficial en retiro Carlos Briceño Zevallos, los coroneles Roberto Saldaña Vásquez, Humberto Orbegozo, Pedro Paz Avendaño y Carlos Millones Destefano. Sin embargo, hubo aún más responsables de esferas más altas. Está comprobado –por ejemplo- que el fallecido Oscar Brush Noel, entonces ministro de Guerra, estuvo implicado.
“Belaunde definitivamente es responsable de esta violación de los derechos humanos. Se sabe incluso que el general Luis Cisneros Vizquerra le advirtió sobre la política que planeaba tomar contra la subversión de esta forma: ‘Tendría que matar a sesenta para saber que por lo menos tres de esos eran terroristas’. En julio y agosto de 1983, los medios de comunicación mencionaban todo lo que ocurría en Ayacucho: detenciones masivas, aparición de cadáveres en fosas. Si a pesar de eso no haces nada, por supuesto que eres responsable”, alega Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).
El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) respalda lo dicho: “Es claro que el gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry respaldó la actuación de los comandos político-militares entre 1983 y 1985, a pesar de las denuncias sobre las graves violaciones de derechos humanos de la población civil que se estaban cometiendo y del conocimiento que obviamente debió tener sobre tales hechos”.
¿Qué ha jugado para que no se mancille la imagen del patriarca de la democracia? El tiempo tiene mucho que ver: “El juez que abrió el proceso del caso Los Cabitos dijo: ‘Si estuviera vivo el presidente Belaunde, tendría que haber sido involucrado’. La cadena de mando era desde Belaunde hasta el último”, prosigue Cano.
La justicia parece tan lenta que las víctimas sobrevivientes y los familiares de los difuntos han visto como con el pasar de los años, los responsables han ido muriendo por vejez uno a uno sin pagar sus actos. Dos de los cinco inculpados alegan enfermedades relacionadas con sus edades avanzadas, alzheimer y demencia senil. Posiblemente sus condiciones los salven.
PROBLEMAS DE ACUSACIÓN
El caso de Los Cabitos incluye detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.
“Sometimiento a los detenidos a tratos vejatorios, crueles, inhumanos, humillantes tales como el colgamiento en vigas de los detenidos, golpes de puño, patadas, objetos contundentes; la aplicación de electricidad en sus partes genitales; golpizas hasta hacerles perder el sentido; el manoseo de los genitales y los pezones de las mujeres detenidas mientras estas se encontraban colgadas en vigas; la inmersión en cilindros de agua o en la llamada ‘piscina’, de espaldas y amarrados a tablas, para crearles sensación de ahogamiento; el hacerles escuchar cómo se golpeaba y vejaba a sus familiares cercanos (esposas, hijas); el subirlos en helicópteros para luego suspenderlos en el aire atados a una cuerda con la amenaza de soltarlos en cualquier momento; el mantenerlos hacinados, con las cabezas cubiertas por un saco o encostalados, sin alimentos o comiendo sobras, sin lugar para sus deposiciones fisiológicas, y con la zozobra de saber que muchos de los detenidos salían a los interrogatorios para nunca más volver; y, lo que es doblemente terrible, las violaciones sexuales a mujeres y niñas. Todos estos procedimientos, entre otras formas de tortura, atentaban contra la integridad personal, física, mental y moral de los detenidos, al mismo tiempo que su contra dignidad humana. Tenían el objeto de que el torturado se autoinculpe o brinde información de miembros de la organización subversivo terrorista Sendero Luminoso, sus integrantes y/o sus hechos. También servían para castigarlo por presumirse que el torturado era miembro de la organización terrorista”. Así se describe en un artículo de la fiscal Luz Ibáñez, encargada del caso.
Sin ninguna duda, son delitos graves. Sin embargo, acusar significó todo un reto para el Ministerio Público. El Código Penal vigente en esos tiempos era el de 1924, tiempo en el que la tortura y la desaparición forzada no existían como delitos. Se tuvo que recurrir al derecho internacional.
El juez que tiene en sus manos el caso es Ricardo Brousset Salas. La directora de Aprodeh, Gloria Cano, tiene dudas acerca de un fallo a favor de las víctimas. Sus suspicacias se alimentan de las sentencias que cuenta el magistrado en su historial, como Chavín de Huántar y los petroaudios, entre otros: “Yo espero que los otros dos magistrados que también componen la sala sean más razonables”.
La larga espera
“Hace un tiempo tuvimos una sentencia con el caso Chumbivilcas donde la jueza da por no probado un hecho porque la señora de noventa y ocho años no pudo repetir todos los detalles de la tragedia que le tocó vivir hace muchos años ¿Cómo le pides a una señora de noventa y ocho años que vuelva a narrar lo mismo que narró hace quince? Si bien es cierto muchos de esos hechos se quedan impregnados en la memoria de la gente, también el tiempo va menoscabando el cerebro físicamente ¿Tú puedes aceptar que el acusado no se acuerde pero no puedes aceptar que la víctima no recuerde los detalles? Hay que ponerlo en el contexto; mucha gente no quiere recordar lo que pasó, mucha gente quiere olvidar las torturas. El hacer un esfuerzo ante un tribunal debería ser valorado. El hecho central sigue ahí, es potestad del juez” concluye Gloria Cano.
Las víctimas y los familiares esperan justicia, esperan volver a confiar en el Estado.
Datos
- La Sala Penal Nacional había fijado la lectura de la sentencia del caso ‘Los Cabitos’ para el miércoles 16 de agosto a las 11 a.m..
- La lectura de la sentencia se postergó para mañana a las 6 p.m. debido a la ausencia de tres acusados.
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— Diario Perú21 (@peru21noticias) 16 de agosto de 2017
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