El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) aseguró que Carlos Oliveros Monti tenía la obligación de diseñar, programar e implantar softwares encargados por el OSCE como parte de su trabajo en la institución donde laboraba.
Ello, luego de ser denunciado por derechos de autor y apropiación ilícita ante el Poder Judicial.
Agregó que, en junio de 2014, el OSCE solicitó ante Indecopi la nulidad y cancelación de la partida registral, institución que les dio la razón.
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