El paquete de medidas para reactivar la economía enviado por el Ejecutivo al Congreso se revisará en dos grupos de trabajo, manifestó el presidente de la Comisión de Economía, Tito Valle.
Según el parlamentario, las propuestas relacionadas a las contrataciones se debatirían el martes entre la Comisión de Fiscalización y la que él preside.
Las otras medidas se revisarían el miércoles únicamente en la Comisión de Economía.
“En ambos casos vamos a solicitar la presencia del ministro Luis Castilla porque es necesario que se le consulte las dudas”, indicó.
El parlamentario destacó su confianza en que se debata y apruebe el proyecto en la Comisión Permanente.
Al respecto, el presidente del Congreso, Fredy Otárola, destacó la necesidad de que “se vea pronto” para evitar un “congelamiento y enfriamiento” de la economía.
MENSAJE
Para el decano de la Facultad de Economía de la UPC, Carlos Adrianzén, uno de los aspectos que más se resaltan del paquete es la aceleración en la entrega de licencias de funcionamiento.
Sin embargo, manifestó que existe un riesgo de que las medidas anunciadas “salgan a la luz”.
“Es un cúmulo de buenas intenciones, que pueden ser echadas a perder por los congresistas, que a veces no analizan de forma técnica”, precisó.
Asimismo, refirió que, más allá de los S/.600 millones para el fondo de garantía para las micro, pequeñas y medianas empresas, se necesita que se otorgue educación a los empresarios, la cual los ayude a hacer crecer su negocio.
En tanto, el economista jefe del BBVA Research, Hugo Perea, señaló que un elemento a favor de las propuestas es que no exacerban los desbalances macroeconómicos.
“Si son bien recibidas por el sector privado y contribuyen a fortalecer las expectativas empresariales y del consumidor, podrían tener un efecto positivo en el corto plazo”, dijo.
En tanto, el economista Jorge González Izquierdo sugirió la creación de un organismo autónomo que monitoree el poder y orden en las regiones.
DATOS
- Multa
El paquete plantea que, por tres años, las multas del OEFA no serán superiores al 35% del valor que tienen ahora.
- Desalojo
Asimismo, plantea la posibilidad de que el Estado desaloje a los invasores de terrenos sin la necesidad de contar con una orden judicial.
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