La mayoría de los miembros de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados de Brasil que analiza la apertura de un juicio político a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, defendió la continuidad del proceso en un debate que duró un poco más de trece horas.
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De los 60 diputados que se inscribieron para participar en el debate, que terminó en la madrugada de hoy, 39 defendieron para que la comisión apruebe el informe presentado el jueves por su relator y que recomienda la apertura del juicio político con fines de destitución de Dilma Rousseff.
Por otro lado, veinte legisladores alegaron que no existen méritos jurídicos para la apertura del impeachment —figura del Derecho mediante el cual se puede procesar a un alto cargo público— y que, en caso de que el Congreso prosiga con él, estaría impulsando una ruptura constitucional. Solo uno de los parlamentarios se declaró indeciso.
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La sesión fue convocada para que los miembros de la Comisión Especial se pronunciasen sobre el informe presentado por el diputado instructor, Jovair Arantes, quien consideró que existen fundamentos jurídicos para avanzar hacia la destitución de Dilma Rousseff por unas maniobras fiscales consideradas ilegales.
El debate precedió a la votación programada para el próximo lunes en la que los diputados decidirán si aprueban o rechazan el informe del instructor y se continúa con el proceso.
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SOBRE LA COMISIÓN ESPECIAL
La Comisión Especial, en la que participan representantes de todos los partidos del Brasil, fue creada con el fin de determinar si existen bases jurídicas para continuar el juicio político contra la presidenta.
En caso de que se pronuncie a favor del proceso, el caso será remitido al pleno de la Cámara de Diputados, cuyos 513 miembros tendrán que decidir este mes si autorizan al Senado a someter a la presidenta al juicio de destitución del cargo.
Se informó que el debate dentro de la Comisión se centró en la legalidad de los argumentos incluidos en la denuncia contra la jefe de Estado.
Al respecto, el informe debatido señala: “Como la denuncia contiene todas las condiciones jurídicas y políticas necesarias para su admisión, concluye el instructor por la aceptación jurídica y política de la acusación y por la consecuente autorización para la instauración, en el Senado, del proceso por crimen de responsabilidad (contra la mandataria)”.
El instructor Jovair Arantes afirma en su texto que el análisis de la denuncia le permitió concluir que existen indicios de que la jefe de Estado practicó actos que pueden ser enmarcados en dos de los “crímenes de responsabilidad” previstos en la Constitución para su destitución: la contratación de créditos suplementarios por decreto presidencial y la contratación ilegal de operaciones de crédito.
Según el instructor, las maniobras mediante las cuales el Gobierno contrajo deudas con los bancos públicos para financiar sus gastos corrientes sin que los mismos apareciesen en los balances fiscales “tipifican el delito de responsabilidad”.
SOBRE EL PROCESO
Conforme a las normas establecidas por la Corte Suprema, si el informe del instructor discutido en la Comisión Especial es aprobado por mayoría simple (número que pareciera que sería alcanzado), será remitido al pleno de la Cámara de Diputados.
En esa instancia seguirá adelante si es aprobado por mayoría calificada de dos tercios (es decir, 342 de 513 votos). Luego, pasa al al Senado, cuyos 81 miembros decidirán, por mayoría simple, si dan lugar al juicio político.
De realizarse el juicio político, Dilma Rousseff tendrá que separarse del cargo por 180 días, el cual es plazo que tiene el Senado para juzgarla.
En este supuesto sería sustituida por el vicepresidente Michel Temer, quien completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 en caso el Senado decidiera la destitución de la mandataria.
Cabe precisar que Michel Temer también afrontaría un juicio político por orden de un juez de la Corte Suprema.
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