La Justicia española ordenó hoy la búsqueda y captura del ex presidente de China Jiang Zemin y otros cuatro exlíderes del país comunista por delitos de tortura, genocidio y lesa humanidad en el Tíbet en las décadas de los 80 y 90.
Pero la propuesta puede quedar solo en un gesto simbólico porque el Parlamento español, en el que el Partido Popular (PP) tiene mayoría absoluta, debatirá en breve una propuesta para limitar el principio de jurisdicción universal sobre el que se basan casos como este.
El juez de la Audiencia Nacional española Ismael Moreno considera a Jiang, de 87 años, responsable de delitos de genocidio, tortura y lesa humanidad por su papel de “autoridad de supervisión” sobre quienes los cometieron directamente contra la población tibetana.
Según un auto judicial, Moreno decretó la prisión provisional, comunicada, incondicional y sin fianza contra Zemin.
Este caso provocó una crisis diplomática entre el Gobierno chino y el español. Pekín expresó en noviembre su “profundo malestar” y advirtió de que dañaría las relaciones bilaterales.
Esos dolores de cabeza para el Ejecutivo ibérico están detrás de las intenciones del PP de impulsar en el Parlamento la reforma de la jurisdicción universal que llevaría al archivo de la mayoría de las causas de este tipo abiertas en la Audiencia Nacional.
Mañana martes está previsto un primer debate en la Cámara de Diputados sobre el asunto. Amnistía Internacional y otras 16 organizaciones entregaron hoy allí una misiva exigiendo a los grupos parlamentarios que rechacen esa reforma.
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