Ciudad de México/DPA
La muerte de 22 personas en un supuesto enfrentamiento con el Ejército mexicano podría terminar siendo la masacre “más grave que ha sufrido México en muchísimos años”, consideró hoy la organización Human Rights Watch (HRW).
“Poco a poco se está desmontando la versión oficial de estos hechos, que buscaba encubrir y proteger a culpables una vez más de crímenes cometidos por parte de las fuerzas militares”, declaró a MVS Radio el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
El caso, presentado por las autoridades militares como un enfrentamiento en un operativo en el que fueron liberadas tres víctimas de secuestro, dio un nuevo giro con la detención de ocho militares como parte de las investigaciones.
El supuesto tiroteo entre militares y un grupo criminal ocurrió el 30 de junio en una bodega del municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. Según el Ejército, hubo 22 presuntos delincuentes muertos y un militar lesionado.
LA PALABRA DE ‘JULIA’
Sin embargo, dicha versión fue puesta en entredicho por una mujer identificada por un seudónimo (Julia), quien aseguró a la revista Esquire Latinoamérica haber sido testigo presencial del suceso.
La mujer aseguró que fueron los soldados quienes dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron. Indicó que sólo uno de los civiles murió en el enfrentamiento y que los demás se rindieron.
En las horas siguientes, afirmó “Julia”, los soldados interrogaron a los 21 supervivientes y luego los mataron.
Además, el diario mexicano La Jornada publicó este viernes imágenes de los cuerpos acribillados enviadas de manera anónima a la agencia informativa MTV.
Según el criminólogo José Luis Mejía Contreras, los cadáveres fueron llevados luego a una bodega de Tlatlaya, ya que presentan manchas de lodo en sus ropas y la alineación de las armas está fuera de una lógica de enfrentamiento, indica el rotativo.
Los ocho militares detenidos fueron puestos a disposición de un juzgado militar y recluidos en la prisión adscrita a la Primera Región Militar del Distrito Federal.
La Secretaría de la Defensa informó que se investiga “su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial, e infracción de deberes en el caso del personal de tropa”.
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