Perú indemnizará a mujer a la que no se le permitió abortar, informó la ONU

Tras una década de que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinara que los derechos de una mujer peruana, identificada con las siglas K.L., fueron violados por negársele a tener un aborto, y que se recomendara que el Estado peruano la indemnizará, se anunció que nuestro país aceptó el pago de una reparación por haberse negado a que ella pueda acceder a un procedimiento médico y legal de aborto, según informa el Centro de Noticias de la ONU.

SOBRE EL CASO
En 2001, cuando K.L. tenía 17 años de edad y 14 semanas de embarazo, los médicos de un hospital de Lima diagnosticaron que el feto tenía anencefalia, ya que carecía de la mayoría de su prosencéfalo (cerebro primitivo anterior).

Ante ello, los médicos le dijeron a la mujer que continuar con el embarazo pondría su vida y salud en peligro y le recomendaron tener un aborto. Sin embargo, el hospital se rehusó a realizarlo debido a que en el Perú no existían normas claras sobre cómo tratar el aborto.

En razón a ello, K.L. estuvo obligada a continuar con el embarazo y dar de lactar al bebé por los cuatro días en los que vivió. Según la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, fue una decisión que tuvo graves consecuencias mentales y físicas para K.L.

En 2005, se presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y se argumentó que negar el acceso a K.L. a un procedimiento médico y legal afectaron sus derechos humanos. La denuncia fue presentada por el Centro de Derechos Reproductivos, el Comité para la Defensa de los Derechos de la Mujer de América Latina y el Caribe y el Centro de Asesoramiento para la Defensa de los Derechos de la Mujer. El Comité decidió dar la razón a K.L. y recomendó al Perú el pago de una compensación a K.L.

Esta decisión del Comité marcó la primera vez que un organismo de derechos humanos de la ONU determinó la culpabilidad de un Estado por fallar en asegurar acceso a servicios de aborto legales.

El Comité declaró, además, que Perú violó los derechos de la víctima dispuestos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre ellos, el derecho a la indemnización efectiva, la prohibición a la tortura y trato cruel, inhumano y degradante, el derecho a la vida privada y el derecho a medidas de protección del menor.

Sir Nigel Rodley, miembro del Comité que deliberó en el caso, señaló que habría sido mejor que K.L. no hubiera tenido que “esperar una década” para obtener la indemnización del Estado peruano, pero destacó que es “importante que el perjuicio cometido en su contra ha sido formalmente reconocido”.

De igual manera, Nancy Northrup, del Centro de Derechos Reproductivos, manifestó que si bien la decisión de compensar a K.L. es ciertamente importante, sin embargo, se necesita realizar más acciones respecto al acceso a servicios de salud reproductiva.

“Es tiempo de que Perú aclare e implemente directrices de aborto seguro y continúe mejorando el acceso a servicios de reproducción para todas las mujeres y niñas” declaró Northrup.