23.JUN Viernes, 2017
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Columna Diethell Columbus

Esta nueva crisis por la que atraviesa el gobierno no es más que el resultado de la impericia oficialista por no saber gobernar. Pensaron que con la tecnocracia era más que suficiente y se equivocaron. Lo que ocurre con Alfredo Thorne es la reconfirmación de lo antes mencionado.

No fue la prensa, la oposición parlamentaria o la sociedad civil la que calificó al gabinete Zavala como uno de lujo. Si revisamos las notas periodísticas de mediados del año pasado, podremos advertir que ese calificativo fue acuñado por el propio Pedro Pablo Kuczynski.

Lo primero que se destacó sobre la denuncia por los autos no declarados del contralor es que esta fue presentada ante el Congreso de la República en agosto del año pasado.

A propósito de la anulación de la adenda y el contrato suscrito con Kuntur Wasi y la cantada renuncia del vicepresidente Martín Vizcarra a la cartera de Transportes y Comunicaciones, pareciera que en el Gobierno se han quedado con la sangre en el ojo.

La semana pasada fuimos testigos de la interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra. El citado funcionario tuvo que sustentar, ante el Pleno del Congreso de la República, la viabilidad de la suscripción de la adenda al contrato de Chinchero.

La madrugada de ayer fue la fecha escogida para el lanzamiento del programa “Conversando con PPK”. Un espacio de “autobombo” que será transmitido cada 15 días. Resulta evidente que (como lo sugiere el nombre del programa) el conductor de este espacio televisivo será el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski Godard.

Según la penúltima encuesta de DATUM, la popularidad presidencial aumentó súbitamente diez puntos (de 35% a 45%). Para algunos (me incluyo) esto fue solo un “hipo” originado en la acertada reacción política y la calculada acción mediática del Gobierno frente a los desastres ocasionados por El Niño costero. Otros, en cambio, consideran que este resultado se debe a que la ciudadanía empezó a percibir, por primera vez, la existencia del Estado.

La semana pasada, el premier Zavala y sus ministros presentaron un proyecto de ley bajo la premisa “Reconstrucción Política, mejores autoridades para un nuevo país”. Según lo anunciado, el proyecto contiene varias propuestas sobre reforma política y electoral. No obstante, un parlamentario oficialista ha declarado que esta iniciativa recoge en un 80% lo ya trabajado por el Congreso de la República. ¿Duplicidad de funciones y de gasto?

No negaré que la reelección de autoridades locales y regionales es un tema importante y necesario a debatir; empero, el proceso de reforma en el ámbito subnacional no solo se constriñe a ello.

El ppkausismo ha propuesto que los partidos políticos no deben recibir aportes de las empresas privadas. La medida busca que el ganador de una elección no se vea obligado a devolver “el favor” de sus mecenas a través jugosos contratos con el Estado.

Al margen del reclamo que puedan hacer los ministros, la bancada oficialista o algunas fuerzas políticas, lo real es que la mayoría parlamentaria se ha pronunciado sobre la ilegalidad formal del Decreto Legislativo 1323 y lo han sustentado. En este contexto, resulta obvio que toda referencia a discriminación por opción sexual e identidad de género será suprimida de la norma en cuestión.

Verónika Mendoza y algunos miembros del Frente Amplio han declarado que con el reciente accionar del Tribunal Supremo de Justicia venezolano se ha develado la vena antidemocrática chavista, es decir, que con el “golpe de Estado” de la semana pasada se puede afirmar que la República Bolivariana de Venezuela tiene un régimen dictatorial.

Hace unas semanas y como consecuencia de los huaicos y desbordes de ríos en diversas partes de la capital, la operatividad de Sedapal quedó más que comprometida y ello ocasionó que se “racionalice” el suministro de agua durante varios días.

El fin de semana último he recibido varios mensajes de texto con el mismo tenor: “Compatriotas, estamos trabajando sin descanso para llegar con la ayuda necesaria a nuestros hermanos damnificados”. Al parecer, el gobierno considera que es una buena estrategia el saturarnos con este tipo de recados.

Las denuncias interpuestas contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski y el ministro Martín Vizcarra han desatado todo tipo de opiniones respecto de la idoneidad de los procuradores designados por esta administración.

Es lamentable ver cómo esa incapacidad de reaccionar adecuadamente ante las vicisitudes en el ejercicio del poder se evidencia día a día y, en esta última semana, esa falencia quedó manifiesta con la respuesta imprudente del ppkausismo ante el pedido de la Procuraduría Anticorrupción para incluir al ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, en la investigación fiscal por el cuestionado caso de Chinchero.