Verónika Mendoza y algunos miembros del Frente Amplio han declarado que con el reciente accionar del Tribunal Supremo de Justicia venezolano se ha develado la vena antidemocrática chavista, es decir, que con el “golpe de Estado” de la semana pasada se puede afirmar que la República Bolivariana de Venezuela tiene un régimen dictatorial.
De lo anterior, queda claro que para esta facción de nuestra izquierda peruana, el encarcelamiento (injusto) de líderes opositores como Leopoldo López, la violación sistemática de los derechos humanos y el silenciamiento de la prensa independiente son prácticas usuales de un régimen democrático, más aún si estas acciones fueron ejecutadas con anterioridad a los ilegales fallos del supremo tribunal venezolano.
No pretendo discutir los motivos por los que Verónika Mendoza y sus adláteres no quieren entender el significado real de la palabra democracia; sin embargo, lo que resulta necesario resaltar es que si seguimos su línea de pensamiento, bastaría con que se deje sin efecto las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia para que se retomen los cauces democráticos “recientemente” perdidos en Venezuela.En este contexto, el fin de semana pasado Nicolás Maduro convocó a los miembros de la máxima corte venezolana y los instó a que dejen sin efecto sus polémicos fallos.
Horas más tarde nos enteramos que, acatando la orden de su jefe, el ente jurisdiccional restituyó en funciones al Parlamento del país llanero.
Cabe preguntar entonces: ¿Esto es suficiente para restituir la democracia en Venezuela?
Quizá para Verónika Mendoza y compañía sí. Es más, no debe sorprendernos si ahora afirman que la normalización democrática es gracias a la “intervención oportuna” del autócrata de Maduro.
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