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Si una empresa quiere reconocer la productividad de un trabajador, se puede inhibir de darle un bono, porque este debe cumplir, además, con los costos no salariales. Asimismo, si es recurrente, pasa a ser parte del salario permanente, no atado al desempeño. El gobierno propone ahora un tope de hasta 20% de la remuneración para este tipo de bonificación, sin estar sujeta al resto de contribuciones, salvo al impuesto a la renta. Así, este bono no será parte de salario anual de planilla. Los opositores argumentan que se reducirán los sueldos y se aplicará el bono para eludir las cargas no salariales, es decir, ‘sacarle la vuelta’ a la norma. Aquí aparece el típico dilema de política económica: perjudicamos a los potenciales beneficiarios (firmas y trabajadores) porque otras firmas (y trabajadores) buscarán sacar provecho de esa oportunidad. Salida: un buen reglamento y sanciones claras.


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