Luces y sombras del plan de diversificación

Camilo Ferreira,Columnista invitado
El Plan Nacional de Diversificación Productiva es una de las más importantes declaraciones de política pública y refleja el estado del arte en cuanto a teoría del desarrollo se refiere. La lectura del plan genera motivos para el optimismo. Se le da al Ministerio de la Producción el rol de elaborar estudios respecto a las barreras hacia el desarrollo a nivel sectorial y regional. Los métodos y enfoques modernos de Produce implican que dichos estudios sean un gran aporte al debate público. Esto es relevante a nivel regional, donde el desfasado enfoque de transformación de materias primas prevalece. En el plan se incluye la revisión de las regulaciones públicas y la detección de las potenciales fallas del Estado. La carga regulatoria tiende a crecer conforme se acumulan reglamentos, lo que lleva a un paulatino incremento afrontado por las empresas. En el plan se proyecta crear órganos públicos cuya tarea específica es controlar el vegetativo e irracional crecimiento del peso regulatorio. A esto se agrega el énfasis en la mejora de la productividad, la principal determinante de la prosperidad económica de un país. En ese sentido, justificar las políticas públicas planteando el alivio de fallas de mercado o de Gobierno supera el enfoque del Estado “promotor”.

El plan considera que el sector privado tiene mucho que aportar en la elaboración de políticas públicas y se plantean instancias en las que estos aportes podrían ser absorbidos. Sin embargo, el plan despierta preocupaciones ligadas a su efectividad a la hora de su implementación. Tiene muchos programas (promoción de clusters, detección de fallas de mercado, identificación de barreras al crecimiento) que requieren de un alto número de funcionarios honestos, competentes e indiferentes a la influencia de los grupos de interés, con áreas de expertise específicas, pero funcionarios así no sobran en la administración pública.

El plan posee elementos de selección de ganadores en algunos de sus programas. Es decir, se entrega a funcionarios el poder de seleccionar empresas que serán favorecidas con recursos públicos (por ejemplo, con subsidios a la innovación). La experiencia enseña que esta discrecionalidad se convierte en una oportunidad para el capitalismo del compadrazgo. Adicionalmente, se plantean múltiples instancias de diálogo entre actores (Consejo Nacional de Diversificación Productiva) públicos y privados.

Sin un diseño institucional efectivo (no solo al interior de las instituciones, sino la coordinación inter-instituciones), estas instancias derivan en foros de baja relevancia y no en mejores políticas públicas. Pero el principal riesgo deriva del incremento en el potencial de discrecionalidad del Estado. El plan incrementa notablemente las herramientas de intervención del Estado. Estas herramientas podrían utilizarse para recompensar a aliados empresariales del gobierno de turno el día en que el ministro no sea un funcionario competente y honesto.