Luis Davelouis: Salvemos a los maiceros (¿?)

El ministro de Economía, Alonso Segura, afirma que reducir la banda de precios, en el caso del maíz, permitirá que los consumidores ahorren hasta S/.500 millones en carne de pollo, por ejemplo. Se lee bien. Algo parecido se espera que suceda con los precios de los lácteos y del azúcar y sus derivados. Pero, ¿la caída se va a trasladar al consumidor?

Los productores nacionales han puesto el grito en el cielo: dicen que solo beneficiará a los importadores y que los precios se quedarán en donde están. Los precios internacionales de los alimentos bajaron tras la crisis del 2008 y aquí no lo vimos. ¿Hasta dónde le corresponde al Estado proteger su industria? ¿Le corresponde?

Una empresa es eficiente en la medida de lo posible. Y la medida de lo posible está dada –también– por las circunstancias que la rodean y que, algunas veces, no dependen de quienes toman las decisiones dentro de ella. Por poner un ejemplo: los impuestos y el tiempo y recursos que destina a pagarlos para que la Sunat no asuma a priori que se trata de defraudadores. O los mecanismos existentes para contratar y despedir trabajadores y poder ajustarse a las mejoras tecnológicas y a los vaivenes del mercado.

Si la empresa no es más competitiva por los costos que le impone el Estado y además da empleo y tributa, uno podría verse tentado a decir que sí, debe ser protegida. Pero si se la mira como consumidor, la figura cambia: todos queremos más calidad y mejores precios y no tenemos por qué subsidiar al privado pagando los sobreprecios que procuran las salvaguardas o el propio Estado. Pero, ¿quién decide quién está en qué grupo?

A veces, cuando el Estado pone el dedo en la llaga, salva al herido. Otras, le hace otro hueco.