El mercado de los servicios de “inteligencia” se ha “democratizado” y hoy se encuentra casi al alcance de cualquier mortal. Chuponeos, reglajes y hasta investigación documentaria se ofrecen a pedido del cliente. La desintegración del otrora SIN y el avance de la criminalidad confluyen en la potenciación y crecimiento de una oferta de espionaje que el gobierno no puede detener. De hecho, parecería que el Estado ha sucumbido y es incapaz de controlar este tipo de recurso, tarea que le corresponde en aras de la seguridad interna.
La pululación e informalización de los servicios de espionaje han agudizado la paranoia política. La amenaza de seguimiento ilegítimo se ha convertido en un recurso de coerción que influye en los alineamientos y el balance de poderes. Nuestra política chuponeada cae en un nivel más bajo aún: coaliciones como resultados de la defensa ante la intriga, no de posicionamientos programáticos.
El efecto también alcanza al análisis político, que tiende a fiarse de especulaciones y ensaya teorías conspirativas marca-Perú. Así se reproduce otro mercado: el de la opinología del chisme; el “trascendido” sin justificación se vende muy bien entre quienes comparten el sentido del agravio personal. Así, el mercado ilegal de la “inteligencia” proyecta un mercado opinológico de la des-inteligencia, y crea un círculo vicioso de graves consecuencias para el debate nacional.
Es por ello también que los llamados al diálogo político caen en saco roto, porque la atención pública no está centrada en la reforma estatal urgente, sino en el file de fulano o zutano. Se impone la intriga personal como criterio demarcador de la política, en desmedro de la visión largoplacista de nuestros anhelos colectivos.
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