23.NOV Sábado, 2024
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Opinión

Carlos Meléndez,Persiana Americana
Durante la última semana se comentó ampliamente el ránking del poder en el Perú, gracias a la encuesta a expertos que anualmente realiza Semana Económica. Un aspecto poco atendido, sin embargo, es el de los poderes ilegales con fuerte capacidad de influencia en la política y en la economía del país.

Pocos problematizan que el Perú es el principal productor de coca en el mundo. La reciente incautación de siete toneladas de cocaína en el norte nos revela al menos dos problemas: la libertad que tienen los cárteles de narcotráfico para sus operaciones y la penetración de estos intereses en la política nacional. Sin duda, el poder narco en el país debería encabezar este ránking infame. Las mafias delincuenciales constituyen una gran amenaza no solo para los negocios y la política, sino también para la convivencia social. Los altos niveles de inseguridad deterioran la desconfianza interpersonal y la cohesión social. Más allá del impacto de estas mafias en sus cupos a empresas, no reparamos en el daño que causan a una sociedad intimidada en su cotidianeidad.

Un tercer grupo de actores capitaliza la intersección cada vez más amplia entre informalidad e ilegalidad. Como se sabe, hace poco ‘empresarios’ dedicados al negocio maderero asesinaron a dirigentes asháninkas que protegían sus tierras. La ley de la selva, literalmente, es impuesta por la tala y la minería informales, que, conjuntamente con el contrabando, han tomado el control de zonas ahí donde el Estado ya fracasó.

Estos poderes ilegales, a diferencia de los formales, no están estructurados ni obedecen a jerarquías fijas, lo cual dificulta aún más su erradicación, y, a la vez, son potenciados por las dinámicas de una descentralización con problemas.


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