En materia de reforma política, el gobierno de Ollanta Humala puede pasar a la historia por hacer el ridículo. Como se sabe, en una muestra de reflejo populachero, el Congreso aprobó la primera votación –de dos necesarias– para eliminar la reelección regional y municipal, así como el cambio de nombre de “presidentes” por “gobernadores regionales”.
Como muchos analistas serios han insistido, estas medidas, antes que positivas, pueden resultar perjudiciales por varios motivos. Primero, se requieren autoridades –y burocracias– que ganen experiencia en administración pública y eviten la fragmentación política. De otro modo, se inhibe la posibilidad de aprendizaje y se impulsa la escisión de proyectos regionales. Segundo, cualquier medida reformista aislada entorpecerá más el enredo institucional en el que estamos.
Lamentablemente, el presidente Humala ha saludado y celebrado la metida de pata parlamentaria. En un típico comentario de opinólogo afirmó: “(La reelección de gobiernos regionales y locales) es lo que genera corrupción, por eso hay alcaldes y presidentes regionales prófugos y presos”. Pero no hay evidencia empírica –a nivel regional ni municipal– que sostenga tal afirmación, como lo han demostrado varios analistas. No hay relación comprobada entre reelección y corrupción a nivel subnacional; es un prejuicio y con prejuicios no se hacen reformas.
Resulta pertinente advertir al presidente que no insista en el camino errado. Promover y acompañar medidas contraproducentes e inocuas –en el mejor de los casos– solo desnuda su ignorancia en materia de política institucional. No hace falta enrostrar públicamente que no se tenía ninguna brújula en reforma política. Ha quedado claro.
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