La Procuraduría en su momento crítico

Ex procurador

Durante los últimos meses se ha develado una serie de prácticas corruptas a gran escala en los gobiernos regionales y locales del Perú. Las últimas semanas han estado colmadas de informaciones relacionadas con la investigación fiscal en el caso ‘La Centralita’, vinculado a la corrupción en la región Áncash y, especialmente, con relación a uno de los investigados en dicho caso, el amigo del presidente Ollanta Humala y de su esposa, el señor Martín Belaunde Lossio.

Lo más preocupante de estos últimos incidentes es la actuación del ministro de Justicia, Daniel Figallo; del asesor presidencial, Eduardo Roy Gates, y del fiscal que investiga el caso, Marco Huamán. Todos ellos mencionados en las denuncias formuladas por la ex procuradora adjunta anticorrupción Yeni Vilcatoma.

Consideramos que la reunión del ministro de Justicia con el fiscal que investiga el caso ‘La Centralita’ es jurídicamente irregular o ilícita en sí misma. Aunque, claro, si se probase (aunque sea indirectamente) que en dicha reunión el ministro abogó o se interesó en el sentido de que al referido imputado (Belaunde Lossio) le correspondería el beneficio de colaboración eficaz, entonces estaríamos claramente ante un delito contra la administración pública: el delito de patrocinio ilegal.

Cualquier reunión para mejorar el trabajo articulado entre ambas instituciones pasa por reuniones entre titulares del pliego o funcionarios que ejerzan semejante representación y no reuniones entre un funcionario político con un fiscal a cargo de una investigación en giro.

Con igual razonamiento resulta irregular la convocatoria efectuada por el ministro de Justicia a la procuradora Vilcatoma para reunirse, sin anunciarlo previamente, con el asesor presidencial Eduardo Roy Gates. La presencia del consejero presidencial no puede entenderse sino como una situación que generaba sobre la procuradora un posible conflicto de intereses que debía ser evitada. La autonomía de los procuradores públicos en el desempeño de sus funciones es ejercer la defensa de los intereses del Estado y no del gobierno.

En consecuencia, se trata de comportamientos atribuidos al ministro de Justicia y al consejero presidencial que, al menos, han afectado la independencia y autonomía tanto de la procuradora adjunta anticorrupción como la independencia del fiscal Huamán.

De cara al futuro queda clara la necesidad de replantearse los mecanismos para institucionalizar la Procuraduría Anticorrupción. Si queremos una institución fuerte que esté en capacidad de impulsar denuncias contra prácticas corruptas de los gobiernos del pasado, pero también de los gobiernos de turno, entonces no puede tolerarse más su dependencia del Ministerio de Justicia.