Congreso endurece penas para funcionarios que retarden proceso de feminicidio

La Comisión de la Mujer del Congreso aprobó en forma unánime la propuesta que plantea aumentar a dos y hasta cuatro años de pena privativa de la libertad al funcionario o servidor público que omita, rehúsa o retarda algún acto a su cargo en proceso de violencia familiar, feminicidio, trata de personas, delitos contra la libertad sexual y procedimientos de garantías personales.

El proyecto propone la modificación del Código Penal que en la actualidad establece que el funcionario público, que ilegalmente omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo, es reprimido con pena de cárcel no mayor de dos años y con 30 a 60 días multa.

La presidenta de la comisión, la congresista Cecilia Chacón (Fuerza Popular), señaló que la iniciativa servirá para sancionar el agravante cuando se trata de violencia familiar y feminicidio y castigar debidamente al funcionario “porque no puede permitir que se vuelva un cómplice de quien delinquió”.

En forma unánime también las parlamentarias acordaron sesionar en la última semana del presente mes en el penal Santa Mónica. La reunión servirá, además, para conocer su situación y demandas de las reclusas.