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Elecciones 2014: Expertos opinan sobre candidatos con condenas vigentes

Gerardo Távara dijo que los partidos no actúan como filtro de sus postulantes. Julio César Castiglioni señaló que el Parlamento es el “gran culpable”.

Depuración. La labor de los entes electorales es muy difícil porque son más de 100 mil candidatos los que postulan en estos comicios. (Luis Gonzales)
Depuración. La labor de los entes electorales es muy difícil porque son más de 100 mil candidatos los que postulan en estos comicios. (Luis Gonzales)

La lista de candidatos con prontuario es alarmante. El fin de semana se conoció que 2,131 postulantes para los comicios regionales y municipales de octubre figuraban en el Registro Nacional de Condenas. El martes, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reveló que 345 tienen una sentencia vigente. Los 1,786 restantes ya habrían cumplido su pena.

Consultado al respecto por Perú21, el secretario general de Transparencia, Gerardo Távara, enfatizó que la primera falla se encuentra en las propias organizaciones políticas, que deben ser, pero no son, un verdadero filtro de sus candidatos.

Explicó que, de acuerdo a la Ley de Partidos Políticos y al artículo 10 del Reglamento de Inscripción de Candidatos, la hoja de vida debe consignar las sentencias firmes.

“No distinguen si se trata de condenas vigentes o pasadas”, añadió tras advertir que es una causal de retiro si no se cumple con esa obligación.

Además, dijo que si la sentencia vigente incluye inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos –que no se da en la mayoría de casos–, los candidatos tendrán que ser retirados de la competencia.

“Lamentablemente la ley en el Perú es demasiado flexible con los que cometieron delitos. Si una persona fue sentenciada, por ejemplo, a 20 años por terrorismo y hace un año cumplió su condena, puede postular. Si fue un funcionario público condenado por peculado y sale en libertad, también puede postular”, afirmó el especialista.

Por ello, Távara señaló que es urgente que el Congreso de la República modifique las normas electorales para impedir que los condenados por delitos graves como terrorismo, narcotráfico, violación sexual o peculado puedan tentar un cargo de elección popular.

Sostuvo que si bien los partidos políticos debieron ser más exigentes a la hora de evaluar a sus candidatos, todavía no es tarde para que se tomen medidas concretas frente a este problema.

Añadió que teniendo la información pública sobre sus candidatos cuestionados, los partidos pueden retirarlos hasta siete días antes de los comicios del 5 de octubre.

CONGRESO, EL CULPABLE
En opinión del experto en legislación electoral, Julio César Castiglioni, el Parlamento es el “gran culpable” de lo que pasa porque no modificó las normas pese al pedido del Jurado Nacional de Elecciones.

“El Congreso le dio la espalda al sistema electoral, es el responsable de que postule gente prontuariada, con mandato de detención”, sentenció.

Al igual que Távara, Castiglioni criticó el rol de la partidos políticos porque –puntualizó– no piden ni siquiera certificado de antecedentes policiales, penales, ni judiciales a sus candidatos.


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