La Fiscalía Suprema de Control Interno abrió investigación preliminar contra la ex coordinadora de la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Delia Espinoza Valenzuela, por el supuesto pago irregular a una abogada cuando estaba al frente de dicha oficina.
Según la resolución del Ministerio Público, firmada por el fiscal supremo Pedro Chávarry, y a la que Perú21 tuvo acceso, las pesquisas se realizarán durante 40 días.
Esta decisión —precisa el documento fiscal—, se tomó ante la denuncia presentada el 20 de marzo pasado por la entonces secretaria técnica de las Fiscalías Especializadas en Delito de Lavado de Activos, Lucrecia Chávez Flores.
En su informe, la funcionaria señala que la abogada Aida Mercedes Arista Palomino cobró por servicios por terceros “sin haber acudido” a dicha instancia, “ni realizado trabajo de calificación de expedientes” durante el mes de enero pasado. Ella inició sus labores en febrero.
“Es decir, ha cobrado en el mes de enero sin haber prestado ningún tipo de servicio, acto que configuraría delito de corrupción de funcionarios por parte de la denunciada fiscal, al haber tramitado una documentación para pago de terceros de una persona que no ha prestado servicio alguno (…) afectando el erario nacional”, añade la Fiscalía de Control Interno al reseñar los “hechos fácticos”.
Fuentes del Ministerio Público señalaron a Perú21 que tras presentar su denuncia contra Espinoza, Chávez habría sido enviada al pool administrativo de la institución para ser reubicada.
La Fiscalía de Control Interno dispuso, igualmente, que Delia Espinoza presente un informe “debidamente documentado” en el plazo de cinco días sobre los cuestionamientos en su contra a fin de “calificar adecuadamente los hechos imputados y el presunto delito”.
En el punto tercero de la resolución, solicitó copias de las listas de asistencias del personal administrativo y los videos de ingreso y salida de los trabajadores durante enero.
La fiscal superior Delia Espinoza también ha sido acusada de presunta intromisión en el caso de Rodolfo Orellana y de supuestamente haber intervenido en el intento de excluir a la fiscal Marita Barreto de ese caso.
La magistrada fue retirada de la coordinación de la Fiscalía de Lavado de Activos los primeros días de abril. La prensa mencionó que su nombre aparecía en unos papeles incautados por la fiscal Marita Barreto a gente vinculada a Orellana.
“*Que mi nombre aparezca en la agenda de un implicado no significa nada*, pues los nombres de los fiscales y jueces son de dominio público. Seguro que mi nombre también estaba en la de Montesinos y del grupo Colina, a los cuales he investigado”, dijo Espinoza el lunes pasado al diario El Comercio.
En esa entrevista afirmó también que no sabía por qué el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, le había retirado su confianza de la coordinación de Lavado de Activos.
Por Carmen Mendoza Arana (cmendoza@peru21.com)
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