El pleno del Congreso aprobó anoche otorgar facultades investigadoras a la Comisión de Fiscalización, a fin de evaluar durante 120 días la comisión de presuntas irregularidades en los gobiernos regionales de Cajamarca y Áncash, de los cuestionados Gregorio Santos y César Álvarez.
La moción fue sustentada por el congresista Martín Belaunde y tuvo el respaldo de legisladores de diversas bancadas, informó la agencia Andina.
Santos es cuestionado por una serie de irregularidades, entre ellas la denuncia presuntos favorecimientos en licitaciones a favor del empresario Wilson Vallejos, como revelaron audios que difundió Perú21.
Por su parte, Álvarez fue acusado de mala utilización del presupuesto de su región, al invertir solo el 20.9% del mismo. Incluso, hace unos meses amenazó con iniciar una recolección de firmas para cerrar el Parlamento y convocar una Asamblea Constituyente.
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