Gobierno busca que se anule fallo sobre los bonos agrarios

No lo aceptan. El Gobierno “no permitirá que ocurra un gran desembolso”, manifestó ayer el ministro de Justicia, Daniel Figallo, al referirse a la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que ordena la ejecución del pago de los bonos de la reforma agraria.

En esa línea, anunció que el procurador de su portafolio presentará un recurso de reposición que busca anular lo resuelto por el ente constitucional en la acción de ejecución de sentencia sobre el pago de los citados bonos. Según expertos, la deuda de los bonos agrarios ascendería a 4,500 millones de dólares.

“El recurso de reposición tiene el efecto de producir la nulidad de la resolución, que no es sentencia como ha dicho el Tribunal Constitucional, sino que es una resolución de ejecución y en la normativa se indica que este recurso (…) pretende anular o revisar nuevamente esa decisión. Eso es lo que los procuradores están analizando para presentarlo hoy o mañana a más tardar”, afirmó.

CUIDA EL TESORO
El funcionario indicó que dicho documento es evaluado con el apoyo del procurador del Ministerio de Economía y Finanzas y del Congreso para asuntos constitucionales.

“Hay un mandato constitucional que es el resguardo de la hacienda pública y el equilibro presupuestal, que son fuentes y principios constitucionales (…) pero descuiden, la hacienda pública está en buenas manos en este gobierno”, refirió.

Figallo consideró que el TC “se excedió en sus posibilidades” en la emisión de su resolución e indicó que el Ejecutivo buscará los mecanismos jurídicos para hacerse escuchar. “Y eso es lo que espera que el TC vea cuando se presente y evalúe nuestra posición”, subrayó.

En tanto, Carlos Herrera, decano del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), insistió en que dicho gremio no tenía interés en este tema. Indicó que el CIP no tenía bonos por cobrar ni la representatividad de los tenedores, por lo que no tenía por qué involucrarse en el asunto.

DATOS

- La resolución del TC otorga al Ejecutivo un plazo de dos años para reconocer y actualizar la deuda de cada tenedor de bonos.

- Ordena que se priorice el pago a los tenedores originales sobre las personas jurídicas, así como a sus sucesores y, entre los propietarios, a los mayores de 65 años.