Caso López Meneses: Comisión se enfrenta por renuencia de Humala a declarar

Un real fuego cruzado se ha desatado entre la oposición y el oficialismo, junto con sus aliados, por la renuencia del presidente Ollanta Humala a colaborar con la comisión parlamentaria que investiga la ilegal custodia policial a la vivienda del ex operador montesinista Óscar López Meneses.

Las pullas y frases altisonantes estuvieron ayer a la orden del día, y, si algo dejaron en claro, fue que el Ejecutivo no cederá terreno en su blindaje al mandatario, y que la oposición, pese a no tener los votos necesarios, insistirá en su pedido para que se levante la reserva de todo lo actuado por la comisión hasta la fecha.

¿SHOW MEDIÁTICO?
Al igual que en la víspera, fue el ministro de Justicia, Daniel Figallo, quien defendió la postura del Ejecutivo, alegando esta vez que la solicitada reunión de la comisión al mandatario podría ser utilizada para hacer un show,

Figallo indicó que lo que se requiere es un “trabajo con la debida prudencia, independencia y eficacia”. “Hay un equilibrio constitucional, no podemos romper prerrogativas”, arguyó.

Aunque con matices, Daniel Abugattás, legislador de Gana Perú, también utilizó el término “show” para calificar lo que implicaría un eventual encuentro entre el jefe de Estado y la comisión López Meneses.

La vicepresidenta de la República, “Marisol Espinoza”.http://peru21.pe/noticias-de-marisol-espinoza-1096, apeló al argumento de la “protección de la investidura presidencial” para justificar el desaire al grupo parlamentario.

En declaraciones a la agencia oficial Andina, sostuvo que, de acuerdo con el marco jurídico, no se puede obligar al jefe de Estado a declarar. “Así lo estipula la Constitución”, agregó, en implícita alusión al artículo 117° de la Carta Magna, el mismo que antes fue invocado por la premier Ana Jara.

Sumándose a esta postura, los congresistas Yonhy Lescano y Enrique Wong –integrantes de la comisión– anticiparon que hoy votarán en contra de la solicitud de Díaz Dios para que se deje sin efecto la reserva que pesa sobre el trabajo avanzado.

Según explicó Díaz, en la comisión obran testimonios contradictorios de dos personas que –luego de estallar el escándalo López Meneses– se reunieron con el presidente Humala quien, se considera, podría clarificar el panorama. Se desconoce, empero, si se trata de funcionarios civiles o militares.

Pese a ello, el legislador de Solidaridad Nacional Enrique Wong anticipó que rechazará la propuesta argumentando que la divulgación de información reservada podría desanimar a otras personas a colaborar con las indagaciones.

Lescano, de AP-Frente Amplio, también rechazó el levantamiento de la reserva, aunque dejó abierta la posibilidad de que este trámite proceda en determinados casos.

ERRORES Y TEMORES
La negativa de Lescano le cayó mal a Cecilia Tait, quien reveló que fue el propio Lescano uno de los principales impulsores de la invitación a Humala.

“Hemos pedido audiencia, pero si quieren interpretar la Constitución a su antojo político les recomiendo que no sorprendan a la población. Hemos encontrado algunas pruebas que van a tener que salir; después de eso van a tener que recibirnos. Aquí no hay ningún show”, subrayó.

Javier Velásquez, por su parte, advirtió un “boicot” por parte del Ejecutivo al trabajo de la comisión, y manifestó que la negativa presidencial revela que “el gobierno se muere de miedo” ante la posibilidad de que se establezca en qué circunstancias y por qué se resguardó el inmueble del ex operador montesinista.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en tanto, emplazó al mandatario a “dar el ejemplo y dar la cara”, y agregó –vía Twitter– que en este caso “las excusas de sus ministros solo generan más dudas” entre la ciudadanía.

¿QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN?

Según el oficio remitido por la premier Ana Jara, la solicitud de una declaración testimonial del presidente Humala no está contemplada en los supuestos previstos en el artículo 117° de la Carta Magna.

El referido precepto constitucional establece que el presidente “solo puede ser acusado, durante su periodo, por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, y por disolver el Congreso”.

La Constitución señala también que el presidente es “políticamente irresponsable”.