Con el objetivo agilizar el trámite para autorizar la intervención de las comunicaciones en caso de delitos graves, el congresista Octavio Salazar presentó el proyecto que modifica la Ley N° 27697, que otorga la facultad al fiscal para la interceptación y control de comunicaciones y documentos privados.
De acuerdo con la iniciativa legislativa, se definen como delitos graves el secuestro, la trata de personas, la pornografía infantil, el robo agravado, la extorsión, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de migrantes, la asociación ilícita para delinquir y los delitos contra la humanidad.
El texto también incluye a los atentados contra la seguridad y traición a la patria, así como peculado, corrupción de funcionarios, terrorismo, delitos tributarios y aduaneros, además de lavado de activos y crimen organizado.
Salazar explicó que la su propuesta plantea incorporar el artículo 5° y 6° a la Ley N° 27697, para crear el comité de crisis y precisar la atención inmediata.
“Los acuerdos que se adopten con carácter de urgente permitirán tener autorizaciones judiciales debidamente motivadas en un plazo corto para enfrentar a los delincuentes involucrados en los delitos graves que precisa la referida ley”, dijo.
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