Vínculos de Rodolfo Orellana apuntan a red articulada en región Ica

Por Martín Hidalgo/mhidalgo@peru21.com
La organización del prófugo Rodolfo Orellana logró tanta expansión que cada uno de los entes que lo investigan se han dispuesto a analizar región por región. La primera que ha saltado a la vista es Ica, donde existe una serie de denuncias vinculadas a su red.

El primer indicio apunta a las cartas-fianza emitidas por la Cooperativa de Ahorros y Crédito para Empresas Exportadoras (Coopex) para que firmas contratistas se adjudiquen obras con el gobierno regional de Alonso Navarro.

Coopex fue fundada y gerenciada por Orellana. Según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), esta “habría sido utilizada como empresa fachada” de la red.

En total, fueron 15 cartas-fianza firmadas por Coopex en Ica. Cuatro de ellas fueron dadas en garantía del Consorcio Amin y 11 para el Consorcio San Fernando. El monto total de las cartas asciende a más de 17 millones de soles.

JUECES Y REGISTRADORES
Los nexos de Orellana en Ica, sin embargo, no se quedaron en el Gobierno Regional. En agosto del 2013, la Procuraduría del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) presentó una queja contra el juez suplente del Juzgado Civil de Pisco de la Corte Superior de Ica, Víctor Manuel Mendoza Napa. Ello se dio por brindar acciones de amparo a favor de Coopex en la región.

También está registrada la denuncia contra la trabajadora de la oficina de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) en Ica, Cynthia Peña Lovera, a quien se le detectó realizando búsquedas registrales a congresistas que investigaban a Orellana. A Peña Lovera se le abrió investigación, pero nunca se llegó a conocer los resultados.

El último caso ha sido el del exjuez y asesor congresal Héctor Bendezú Cuéllar, señalado por la Procuraduría Anticorrupción como parte de la red. Oriundo de Ica, su madre lleva el nombre de Carmen Cuellar Orellana, pero él ha asegurado no tener ninguna vinculación con el prófugo Orellana.

Por su parte, el congresista Julio Rosas anunció que no despedirá a su asesor Héctor Bendezú porque dijo que no hay hechos concretos que lo vinculen a Rodolfo Orellana.

Además, Jorge Bravo Manco, señalado como uno de los testaferros de Orellana, trabaja en una universidad de propiedad del legislador Elías Ávalos, representante de fujimorismo en Ica.