El Congreso aprobó el nuevo marco legal de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas que obliga a todos los servidores públicos a presentar esta información.
La iniciativa presentada por la Contraloría permitirá evaluar la evolución patrimonial y financiera de los trabajadores públicos a fin de prevenir o detectar casos de enriquecimiento ilícito o lavado de activos.
La obligación alcanza a los miembros del Consejo Regional y a los Parlamentarios Andinos. Se especificará sobre los ingresos, rentas, bienes, ahorros, inversiones, acreencias y pasivos propios del funcionario.
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